El programa capitalino de alumbrado público podría replicarse en el Sur para reducir la inseguridad.
La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, entregó ayer 356 luminarias LED en 37 calles de Cristo Rey, una intervención que, aunque ocurre en Santo Domingo, sirve de referencia para las comunidades del Sur que demandan mejor alumbrado para frenar la delincuencia.
El programa 'Sectores Iluminados más Seguros', que impulsa la Alcaldía del Distrito Nacional, llegó a los subsectores Pueblo Nuevo, Farallones, Pablo Sexto, El Trueba, Puerto Isabela y El Caliche, en Cristo Rey. La ejecutiva municipal, también aspirante presidencial, conversó con los moradores sobre el cuidado del parque Puerto Isabela I, inaugurado en diciembre de 2025, y que durante años estuvo abandonado.
Los líderes comunitarios de Cristo Rey valoraron la instalación de las nuevas luces, que permitirán transitar con mayor seguridad nocturna. Esta realidad contrasta con la de muchas comunidades del Sur profundo, donde la falta de alumbrado en calles y parques es una queja constante y un factor que facilita actos delictivos.
La primera etapa del programa concluyó con alrededor de 10 mil luminarias LED en 23 sectores y 11 avenidas, más 200 cámaras de videovigilancia monitoreadas por el Sistema de Emergencia 9-1-1. La segunda fase ha cubierto sectores como Los Jardines, La Cementera, Arroyo Hondo III, La Agustina, Villa Francisca, Lanha Gautier, Las Flores de Cristo Rey, La Fe, El Vivero, San Carlos y Don Bosco.
Para Barahona y la región Sur, esta experiencia demuestra que la inversión en alumbrado público eficiente no solo mejora la calidad de vida, sino que puede ser un detonante para el turismo y el comercio local. Las autoridades municipales sureñas podrían tomar este modelo como referencia para iluminar malecones, parques y zonas turísticas, aumentando la sensación de seguridad y atrayendo visitantes.
La alcaldesa Mejía destacó que la meta es ampliar la cobertura en zonas residenciales y de alta circulación. Mientras tanto, en el Sur, las comunidades esperan que este tipo de políticas públicas se repliquen con urgencia, pues la seguridad ciudadana es un derecho que no puede esperar más.
