Mientras la procuradora general clama por una ley de protección, testigos de todo el país, incluidos casos de la región Sur, son atacados y asesinados por colaborar con la justicia. La ausencia de un marco legal deja a Barahona y comunidades sureñas en total desamparo.
La violencia contra testigos no es un problema ajeno a la región Sur. Aunque los casos más recientes ocurrieron en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Francisco de Macorís y Santiago, el patrón de desprotección se replica en toda la geografía nacional, incluyendo Barahona y las provincias sureñas, donde el crimen organizado y el narcotráfico también operan y donde los tribunales dependen de la comparecencia de testigos para impartir justicia.
El año pasado, un testigo de 30 años resultó gravemente herido en Santo Domingo Este; otro, de 23 años, fue asesinado en San Francisco de Macorís tras salir de una audiencia; y un tercero, de 32 años, fue ultimado en Cienfuegos, Santiago, el mismo día que debía declarar. Hace menos de un mes, un cuarto testigo fue arrebatado a agentes de la Policía en pleno Palacio de Justicia del Distrito Nacional por familiares de los imputados, un hecho que evidencia el riesgo extremo que corren quienes deciden hablar.
La procuradora general, Miriam Germán Brito, ha sido clara: "No es un lujo, es una necesidad. Ni siquiera es una actualización, porque nunca hemos tenido una ley de protección a testigos". Sus declaraciones, hechas en septiembre del año pasado, reflejan una deuda histórica que golpea con dureza a las comunidades más vulnerables, como las del Sur, donde las redes de delincuencia pueden ejercer presión sobre los testigos con mayor facilidad por la falta de recursos y de programas estatales de protección.
El abogado Carlos Salcedo explica que el sistema solo protege al testigo dentro de la sala de audiencias: "Antes de entrar o después de salir del tribunal, queda expuesto". El programa actual de protección, creado por resolución, se limita a casos de crimen organizado o criminalidad compleja, dejando fuera a testigos de homicidios y otros delitos que también requieren salvaguarda. Para Barahona y la región Sur, la implementación de una ley de protección es urgente, pues la seguridad ciudadana y la credibilidad de la justicia dependen de que los testigos puedan declarar sin temor a represalias.
El testigo que fue arrebatado en el Palacio de Justicia, identificado como Feliz Vásquez, ya había declarado mediante videoconferencia por su extrema vulnerabilidad. Los acusados, alias Chocho y alias Chombo o Chon, fueron condenados a prisión por los disparos contra María Teresa Núñez, propietaria de WhatsApp Drink en Capotillo. Mientras tanto, la Ley Orgánica 133-11 y el Código Procesal Penal delegan la protección de testigos, pero sin una ley específica, la vida de quienes colaboran con la justicia sigue en peligro, y la región Sur no es la excepción.
