La norma no crea delitos ni obliga a actuar contra grandes responsables de daños ambientales
El decreto 615-26 declara de alto interés nacional la prevención del 'terrorismo medioambiental' e incluye áreas protegidas, cuencas y acuíferos como bienes de especial protección. La pregunta es qué cambia realmente, pues las leyes ambientales ya existían y el decreto no establece sanciones para funcionarios que ignoren denuncias ni plazos para responder a comunidades.
El decreto 615-26, dado a conocer este 9 de septiembre de 2026, declara de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención y combate del llamado 'terrorismo medioambiental'. Entre los bienes de especial protección se incluyen áreas protegidas, cuencas, acuíferos, manglares, humedales, bosques, nacimientos de ríos, presas, embalses y sistemas de agua. La medida incorpora al Comité Nacional Antiterrorista, la Dirección Nacional Antiterrorista, el Ministerio de Defensa, Interior y Policía, Justicia, la Dirección Nacional de Inteligencia y otros organismos de seguridad.
Durante años, comunidades, campesinos y ambientalistas han denunciado que destruir un río, una cuenca, un bosque o una montaña amenaza la vida y el futuro del país. Sin embargo, el propio decreto admite que no crea un nuevo delito ni amplía los ya existentes. El problema nunca fue solamente la falta de legislación, sino la falta de voluntad política para aplicarla o el contacto político del responsable.
Lo nuevo es que el problema ambiental entra directamente en el ámbito de la seguridad nacional. Pero el decreto no establece sanciones para los funcionarios que ignoren las denuncias, no crea una autoridad independiente que obligue a investigar los grandes proyectos, no fija plazos obligatorios para responder a las comunidades y no establece auditorías ciudadanas vinculantes. Lo que sí fortalece es la capacidad del Estado para identificar, prevenir y 'neutralizar' amenazas.
La verdadera prueba del Decreto 615-26 no será cuántos campesinos pobres, pequeños ocupantes o infractores menores terminen siendo perseguidos. La verdadera prueba será qué ocurre cuando el responsable de un grave daño ambiental sea una empresa poderosa. Si contaminar una fuente de agua amenaza la seguridad nacional, debe importar poco si quien contamina es un individuo o una corporación. Si el Gobierno quiere demostrar que su intención es verdaderamente proteger el medio ambiente, podría crear una Red Nacional de Vigilantes Ambientales, una estructura civil de vigilancia y fiscalización.
