Abogado invoca debido proceso y falta de acceso a expedientes para justificar ausencia de descargos
El exdirector del Senasa, Santiago Hazim, notificó a la Cámara de Cuentas que no puede responder al informe preliminar de auditoría del período 2020-2025 porque está recluido en el CCR Las Parras, según informó su abogado Miguel Valerio Jiminián.
El abogado Miguel Valerio Jiminián, defensor de Santiago Hazim, comunicó el pasado 7 de septiembre a la Cámara de Cuentas que su representado no puede presentar descargos frente al informe preliminar de la investigación especial realizada al Seguro Nacional de Salud (Senasa) para el período 2020-2025. El jurista explicó que la reclusión de Hazim en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras le impide acceder directamente a los archivos, registros financieros y sistemas informáticos necesarios para revisar y sustentar observaciones a la auditoría.
Valerio Jiminián argumentó que la falta de respuesta, cuyo plazo normativo de 30 días hábiles vence en los próximos días, obedece estrictamente a limitaciones objetivas derivadas del encarcelamiento. Invocó el artículo 69 de la Constitución, sobre debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia, al señalar que exigir precisiones sin acceso a los expedientes de soporte vulneraría los derechos fundamentales de su representado.
El abogado dejó constancia de que el órgano auditor ha tenido acceso a documentos e información suministrados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), mientras que el imputado carece de acceso equitativo a tales fuentes. La comunicación aclara que la ausencia de respuesta personal no debe interpretarse como aceptación de los hallazgos, admisión de responsabilidades ni renuncia a sus medios de defensa en el proceso penal en curso.
Santiago Hazim se encuentra privado de libertad desde el 11 de diciembre de 2025, cuando se le impuso una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva, confirmada posteriormente el 4 de febrero de 2026. La investigación de la Cámara de Cuentas abarcó del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2025 y evaluó compras y contrataciones, pagos a Prestadores de Servicios de Salud (PSS), gestión de servicios, registros financieros y sistemas de tecnología. El informe preliminar, emitido el 3 de agosto de 2026 y notificado el día 7 del mismo mes, señala hallazgos administrativos, financieros, contractuales y tecnológicos con indicios de responsabilidad administrativa y penal.
