Nuevo aplazamiento en caso que consterna a San José de Ocoa y la región
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San José de Ocoa aplazó nuevamente la solicitud de medida de coerción contra Adriana Cuello Minyetty, imputada de ultimar a la abogada Leidy Soto Cáceres. El tribunal presidido por el magistrado Jorvy Armando Sánchez Eusebio tomó la decisión para que la defensa conozca los medios de prueba.
El abogado de la imputada, Ruberth Matos, informó que el tribunal aplazó la medida a los fines de que la defensa conozca los medios de prueba. Este es el segundo aplazamiento en el proceso judicial que sigue el caso de la muerte de la abogada Leidy Soto Cáceres, de 34 años y madre de cuatro hijos.
El hecho ocurrió el martes primero de septiembre, cuando Soto Cáceres fue ultimada en su vivienda en el sector Los Maestros, en San José de Ocoa. Tras ser herida de gravedad, fue llevada por un vecino en un vehículo al hospital San José, donde falleció. Su cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en Azua, velado en la Funeraria Mamá Rita en Sabana Larga y sepultado en el cementerio de esa comunidad.
Parientes de la occisa colgaron una fotografía de Luis Eduardo Aristy, expareja de la abogada, ofreciendo una recompensa para quien dé información sobre su paradero. Aristy fue entregado a la Policía Nacional, donde fue interrogado y despachado, según informó su abogado Alexis Mateo. El viernes 4 de septiembre, los abogados de Aristy, Alexis Mateo y Bolívar Castillo, aclararon que su cliente se encontraba en un solar de su propiedad ubicado en el sector El Rastrillo de Ocoa al momento de ocurrir la tragedia.
Ese mismo día, en horas de la mañana, el tribunal aplazó el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra la imputada, quien llegó este martes con chaleco antibalas al salón de audiencias del Palacio de Justicia, donde se observó un gran público, parte del cual la llamó asesina. Los abogados de la parte querellante rehusaron hablar cuando este medio les preguntó sobre la decisión del tribunal y las implicaciones de la calificación jurídica dada por el Ministerio Público al caso. Las puertas laterales del Palacio de Justicia fueron cerradas a los fines de evitar cualquier eventualidad.
