Oportunidad para profesionales del derecho en todo el país; documentos se reciben hasta el 20 de noviembre
La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) convoca a 80 abogados para fortalecer la asistencia jurídica gratuita a personas vulnerables, con recepción de expedientes hasta el viernes 20 de noviembre de 2026 en el Distrito Nacional.
El Concurso de Aspirantes a Defensores Públicos 2026-2027 busca incorporar a 80 profesionales del derecho a la carrera de la defensa pública, según informó la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP). La convocatoria está dirigida a abogados interesados en prestar asistencia jurídica gratuita a personas en condiciones de vulnerabilidad.
Los interesados deben depositar sus documentos en la sede de la ONDP, en la calle Osvaldo Báez, entrada trasera, en el Distrito Nacional, en horario de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. El plazo inició el lunes 19 de octubre y cierra el viernes 20 de noviembre de 2026.
Entre los requisitos figuran copia de la cédula de identidad y electoral, título de licenciado o doctor en Derecho legalizado por el Mescyt, exequátur profesional, certificado de no antecedentes penales vigente, currículum vitae en el formato establecido, dos fotografías 2 x 2, certificación de conclusión de estudios universitarios y acta de juramentación como abogado ante la Suprema Corte de Justicia, que podrá entregarse hasta la fecha de las pruebas psicométricas.
También se debe presentar una carta indicando el departamento o distrito judicial donde se aspira a ocupar una vacante y el compromiso de permanecer en ese lugar, además de copias de investigaciones en áreas como derecho penal, procesal penal, constitucional, derechos humanos o penal juvenil. La participación requiere el pago de RD$1,000 en efectivo no reembolsable. Las bases están disponibles en www.defensapublica.gob.do o mediante el código QR oficial, y para información adicional puede llamar al (809) 686-0556, extensión 221. El director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, indicó que la convocatoria busca fortalecer la cobertura y calidad de los servicios de defensa pública y garantizar la protección de los derechos fundamentales y el debido proceso, en consonancia con el artículo 176 de la Constitución dominicana.
