Especialistas advierten que la estabilidad fiscal depende de una gestión pública eficiente, no de más tributos
En un contexto donde se debate la necesidad de mayores ingresos, un análisis destaca que la verdadera solución está en optimizar la administración pública y aprovechar las ventajas comerciales del país, sin asfixiar a los sectores productivos.
La búsqueda de mayores ingresos no debe ignorar que la estabilidad económica es una aspiración legítima y que preservar las finanzas públicas es responsabilidad del Estado. La experiencia de naciones prósperas muestra que el crecimiento sostenible y la solidez fiscal dependen menos de aumentar impuestos y más de la capacidad institucional para administrar eficientemente los recursos, estimular la producción y aprovechar las ventajas económicas.
La buena administración es también una forma de riqueza: la eficiencia institucional genera confianza, la confianza atrae inversiones, las inversiones fortalecen la producción y el comercio, y el crecimiento se traduce en mayores ingresos para el Estado y mejores oportunidades para la población. Por eso, antes de trasladar nuevos sacrificios a los sectores productivos y a la ciudadanía, se deben aprovechar las capacidades del país para incrementar ingresos mediante una gestión pública más eficiente y una visión estratégica del comercio exterior y la logística internacional.
La posición geográfica privilegiada, los puertos, aeropuertos, zonas francas y acuerdos comerciales son activos de extraordinario valor. Sin embargo, las ventajas comparativas no producen prosperidad por sí solas: requieren instituciones eficientes, liderazgo competente y una administración pública capaz de interpretar las exigencias del comercio internacional contemporáneo. En ese sentido, la Dirección General de Aduanas y demás instituciones vinculadas al comercio exterior deben ser prioridad estratégica del Estado.
A pesar de los avances en modernización y facilitación del comercio, persisten debilidades que limitan la recaudación y afectan la competitividad: deficiencias en gestión de riesgos, distorsiones en valoración y clasificación de mercancías, insuficiencias en fiscalización posterior, subvaluación, fraude comercial y comercio ilícito. Estas omisiones tienen un costo, pero las actuaciones equivocadas también: la incompetencia, la improvisación y la falta de visión estratégica generan consecuencias económicas tan perjudiciales como las irregularidades no perseguidas. Los recursos perdidos por omisión o dilapidados por comisión son soportados por toda la sociedad.
Por ello, se requieren políticas firmes contra el fraude y el comercio ilícito, gestión integral de riesgos eficiente, mayor integración tecnológica, aprovechamiento de la inteligencia de datos, interoperabilidad entre instituciones, simplificación de procesos, fortalecimiento de exportaciones y una auténtica estrategia logística nacional. Estas medidas pueden generar resultados económicos y fiscales sin necesidad de nuevas cargas tributarias.
