La proliferación de megatiendas chinas en la región Sur, incluidos municipios de Barahona, ha alterado el comercio local, pero ninguna entidad estatal tiene un registro oficial de estos negocios, lo que genera preocupación por la competencia desleal y la informalidad.
Las megatiendas chinas han dejado de ser un fenómeno exclusivo del Gran Santo Domingo. En la región Sur, han ocupado antiguos locales de miles de metros cuadrados y se han internado en municipios donde antes el comercio multiproducto era dominado por negocios locales o simplemente no existía. Esta expansión, que incluye desde Barahona hasta ciudades intermedias, ha transformado el paisaje comercial y el abastecimiento de los hogares.
El impacto en la economía local es doble: por un lado, los consumidores se benefician de precios bajos y variedad de productos, desde un vaso plástico hasta muebles; por otro, los comerciantes dominicanos denuncian competencia desleal, evasión tributaria e informalidad laboral. Muchos pequeños revendedores de la zona dependen de estos establecimientos para abastecerse, pero los dueños de colmados y ferreterías tradicionales ven amenazada su supervivencia.
La falta de un mapa oficial es el problema de fondo. Las inspecciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y otras entidades se realizan por separado, con actas ocasionales y sin datos consolidados. Entre agosto de 2020 y mayo de 2025, la DGII auditó más de 120 negocios de origen chino en todo el país, incluyendo varios en el Sur, con reliquidaciones que superan los 3,360 millones de pesos y procedimientos sancionadores por más de 1,500 millones.
Para Barahona y la región Sur, la pregunta es si las autoridades locales y nacionales están preparadas para regular un sector que crece más rápido que la capacidad de fiscalización. La historia de la inmigración china en el país, que comenzó con lavanderías y colmados, ahora ha evolucionado hacia grandes importadores y distribuidores. La comunidad necesita reglas claras que garanticen igualdad de condiciones para todos los comerciantes, sin importar su origen.
El llamado de la DGII en mayo de 2025 pidiendo reglas claras es un primer paso, pero para el Sur es urgente que se establezca un registro público y una supervisión integral que permita medir el impacto real de estas megatiendas en la economía local, el empleo y la seguridad jurídica de los negocios tradicionales.
