
Impacto local de un fenómeno nacional que urge regulación y datos integrados.
El crecimiento de los comercios de capital chino, que ya se siente en Barahona y toda la región Sur, supera la capacidad regulatoria del Estado, según datos de la DGII que revelan 2,070 empresas registradas en una década.
Para los comerciantes de Barahona y las provincias del Sur, la expansión de las grandes tiendas chinas no es un fenómeno lejano: en los últimos años han visto cómo estos negocios se multiplican en las principales calles comerciales, compitiendo directamente con el comercio local. Sin embargo, los datos oficiales muestran que esta presencia empresarial va mucho más allá de los establecimientos visibles, con una estructura de 2,070 empresas de capital chino registradas en la DGII entre 2016 y 2026, de las cuales 1,300 permanecen activas y 770 inactivas.
El impacto en la región Sur se siente en la economía local: la competencia de precios de estas tiendas afecta a pequeños y medianos comerciantes de Barahona, Azua y San Juan, que ven reducidas sus ventas y enfrentan dificultades para competir. A esto se suma la preocupación por el cumplimiento tributario, ya que las sanciones de la DGII incluyen la no emisión de comprobantes fiscales, que representa el 26% del monto total de multas, y la ausencia de impresoras fiscales, infracciones que en conjunto suman un tercio de las multas cobradas.
Las fiscalizaciones de la DGII también han revelado montos significativos: entre 2018 y 2026 se inspeccionaron 159 contribuyentes en 261 casos de fiscalización interna, con determinaciones que superan los 73,500 millones de pesos. Para los comerciantes del Sur, esto significa que el Estado está cobrando impuestos, pero aún no cuenta con una estadística integrada que permita dar seguimiento a estos negocios desde la importación hasta la venta final, lo que dificulta una fiscalización equitativa en todo el territorio.
En materia aduanal, las denuncias se concentran en la subvaluación de mercancías, un tema que también afecta a los puertos y pasos fronterizos del Sur, como el puerto de Barahona. La falta de controles efectivos puede generar una competencia desleal que perjudica a los productores y comerciantes locales, mientras que las comunidades del Sur esperan que las autoridades refuercen la vigilancia para proteger el comercio formal y el empleo en la región.
Los datos disponibles muestran que el fenómeno alcanzó una gran dimensión, pero las instituciones todavía no cuentan con una estadística integrada que permita seguir a estos negocios. Para el Sur, es urgente que el Estado desarrolle mecanismos de control más eficientes, que no solo garanticen el cumplimiento tributario, sino que también protejan a los pequeños comerciantes de Barahona y las provincias vecinas, quienes son los más vulnerables ante esta competencia.



