La magnitud del desastre vial en el país no se mide solo en escombros retorcidos o en las miles de familias que visten de luto.
El daño inconmensurable
Se mide, sobre todo, en números que revelan un sistema de salud y de seguridad social al borde del colapso financiero.
Esta “pandemia vial” desangra nuestras arcas y nuestra capacidad de respuesta.
Los números consolidados son escalofriantes.
Por esta causa, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) tiene un déficit acumulado que supera los RD$2,156 millones.
Una cifra que crece imparable y amenaza con desequilibrar el Seguro Familiar de Salud.
En medio de este abismo financiero cobra pleno sentido la propuesta del Defensor del Pueblo de crear una Mesa Técnica Nacional de Responsabilidad Civil.
Se procura establecer un mecanismo para reclamar daños a postes, transformadores, semáforos, barandas y demás infraestructuras viales.
Al documentar el daño a la vía pública y vincularlo jurídicamente al vehículo responsable, se crea un precedente de cobro que puede ser transversal al sistema de salud y asegurador.
La mesa técnica no solo busca reparar los postes caídos.
Su gran aporte sería ofrecer a las ARS y al Estado el instrumento procesal para ejercer el recobro contra las aseguradoras y los infractores.
De esta manera, se cerraría el círculo de impunidad financiera que hoy permite que el seguro automotor se desentienda de su obligación legal, trasladando injustamente la carga a la seguridad social de todos los dominicanos.
La iniciativa del Defensor del Pueblo merece el respaldo de todos los sectores, pero el desafío estratégico es político y cultural.
No podemos seguir permitiendo que la irresponsabilidad al volante se convierta en una sangría insostenible para la economía familiar, la estabilidad del sistema sanitario y, sobre todo, para la vida misma.
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