Partido opositor rechaza decreto y alerta sobre impacto en provincias de la frontera
El PLD rechazó la implementación de puertos secos en la frontera dominico-haitiana, al considerar que la medida amenaza el sustento de miles de familias que dependen del comercio tradicional. La iniciativa fue dispuesta mediante el decreto 166-26 con una inversión de 300 millones de dólares del sector privado.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó hoy su rechazo al proyecto de puertos secos en la frontera dominico-haitiana, al entender que la iniciativa pone en peligro el comercio tradicional que durante décadas ha sido el sustento de miles de familias de la zona. La posición fue expuesta en la acostumbrada rueda de prensa de los lunes por Yván Lorenzo, quien fungió como vocero.
En febrero pasado, el Poder Ejecutivo dispuso mediante el decreto 166-26 la construcción de una red de puertos secos bajo el régimen de zona franca y de centros logísticos en la frontera, con una inversión de 300 millones de dólares del sector privado. La disposición declara de alto interés nacional la construcción y operación de estos puertos y plantea objetivos como ordenar el comercio, fortalecer los controles y desarrollar la infraestructura logística.
El PLD considera que esa modificación de la dinámica económica, bajo el pretexto de 'modernización', puede significar el desplazamiento de actores económicos y la concentración del comercio en pocas manos. 'El comercio dominico-haitiano no fue construido por grandes corporaciones multinacionales ni por élites económicas alejadas de la realidad fronteriza', expuso Lorenzo. Sostuvo que fue levantado durante décadas por el esfuerzo cotidiano de miles de comerciantes, transportistas, productores y pequeños emprendedores de las provincias de la frontera, quienes han logrado desarrollar uno de los mercados binacionales más dinámicos del Caribe.
Lorenzo indicó que más de 13 mil comerciantes dependen directamente de la dinámica comercial fronteriza, lo que impacta de manera indirecta a más de 100 mil personas en las provincias de Jimaní, Elías Piña, Dajabón y Pedernales, entre familias, transportistas, trabajadores informales, productores agrícolas, suplidores y pequeños negocios locales. Manifestó particular preocupación por el artículo 5 del decreto, que exige a las sociedades comerciales construir y desarrollar una terminal intermodal terrestre, además de cumplir con múltiples requisitos en infraestructura de transporte, capacidad operativa, plataformas tecnológicas, servicios especializados, manejo logístico y ambientales. 'La realidad es que esas exigencias técnicas, financieras y operativas resultan prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría de los comerciantes tradicionales', agregó.
