La disputa real británica resalta la importancia de la protección consular para la diáspora.
El príncipe Enrique acusó a las autoridades británicas de ignorar una amenaza terrorista, un caso que, aunque ocurre en Europa, resuena en Barahona y el Sur por su vínculo con la seguridad de los dominicanos en el exterior.
DUBLÍN.- El príncipe Enrique, hijo del rey Carlos III, ha acusado a las autoridades del Reino Unido de ignorar una amenaza terrorista contra su persona mientras vivía en Estados Unidos con su familia, según informó este domingo 'The Sunday Times'. La noticia llega cuatro días después de que los duques de Sussex regresaran a Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet, seis años después del controvertido 'Megxit'.
Para los dominicanos del Sur, esta disputa subraya la importancia de que los gobiernos protejan a sus ciudadanos en el extranjero, especialmente en un contexto donde muchos emigran a Europa y Estados Unidos. La seguridad de las figuras públicas, como el príncipe Enrique, refleja cómo las decisiones de protección pueden afectar a quienes viven lejos de su tierra.
El príncipe envió una carta a la ministra británica de Interior, Shabana Mahmood, pidiendo que asuma personalmente la responsabilidad de determinar si su familia debe recibir protección policial. Las decisiones sobre seguridad de figuras públicas son tomadas por el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (Ravec), que incluye a Interior, la Policía Metropolitana y la Casa Real.
En la misiva, Enrique acusó al presidente de Ravec de no haber transmitido información sobre una amenaza de Al Qaeda en 2023. El duque insiste en que el Reino Unido debe pagar por su seguridad, argumentando su servicio en Afganistán, donde estuvo 30 semanas a lo largo de 10 años. Sus memorias 'En la sombra' (2023), donde confesó haber matado a 25 combatientes talibanes, provocaron críticas de veteranos de guerra.
El Daily Express estima que la seguridad de los duques costaría 5 millones de libras (5,8 millones de euros) al año si la paga el contribuyente británico. El primer ministro Andy Burnham ha evitado pronunciarse, calificándolo de asunto privado. Para el Sur, esta historia invita a reflexionar sobre cómo los recursos públicos se asignan a la protección de individuos, mientras que las comunidades locales a menudo carecen de servicios básicos.
