CARACAS. – Tres militares venezolanos que permanecían detenidos desde 2024, acusados de presunta traición a la patria y de estar vinculados a un supuesto plan para atentar contra el entonces presidente Nicolás Maduro, recuperaron su libertad este miércoles, informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).
La organización indicó que los dos hombres y una mujer estaban recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, y confirmó su excarcelación a través de la red social X.
Los militares liberados fueron identificados como Marcos David Insignares García, Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez y Riannys Valentina Mujica De Montesinos. En enero de 2024, los tres fueron degradados junto a otros 30 efectivos por decisión del entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, tras ser señalados de participar en presuntas acciones criminales y terroristas contra el Gobierno.
El Clipp celebró el reencuentro de los militares con sus familias y pidió que las excarcelaciones continúen hasta alcanzar a todas las personas que, según la organización, permanecen detenidas por motivos políticos.
Las liberaciones se producen pocos días después de que el Gobierno venezolano anunciara la excarcelación de 131 personas, en el marco de un proceso de negociación impulsado por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición, cuyo primer ciclo concluyó la semana pasada.
Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) aseguró que, hasta el mediodía de este miércoles, solo había podido confirmar 105 excarcelaciones y reclamó un proceso de liberación «masivo, permanente, expedito, público y transparente». La coalición opositora sostiene que aún permanecen encarceladas más de 460 personas por razones políticas.
Por su parte, la organización Foro Penal había verificado hasta el lunes la liberación de 81 detenidos, aunque indicó que continuaba comprobando nuevos casos.
El Gobierno venezolano insiste en que en el país no existen presos políticos y sostiene que las personas privadas de libertad enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos. Esta posición es rechazada por organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición, que denuncian detenciones por motivos políticos.
