Movimiento Unidos Somos Más pide estudios técnicos y participación de la Academia de Ciencias y la UASD
El movimiento Unidos Somos Más exigió que el proyecto Autopista del Ámbar sea sometido a una evaluación de impacto ambiental, al considerar que una obra de esa magnitud debe sustentarse en estudios técnicos y científicos que determinen sus posibles efectos y las medidas para garantizar su sostenibilidad.
La organización recordó que había solicitado al presidente de la República la integración de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) al proceso de evaluación del proyecto, por considerar que ambas instituciones gozan de credibilidad ante la sociedad dominicana. Sin embargo, afirmó que dicha propuesta aún no se ha concretado.
Asimismo, el movimiento señaló que las evaluaciones de impacto ambiental forman parte del ordenamiento jurídico dominicano y deben ser cumplidas como mecanismo para determinar los posibles daños de una actividad sobre el entorno natural y social, así como las medidas de compensación ambiental que correspondan en caso de que el proyecto sea considerado viable.
Aclararon que las vistas públicas deben realizarse una vez concluidos los estudios de impacto ambiental, los cuales, según afirmó, todavía no han comenzado. Por esta razón, sostuvo que los encuentros realizados recientemente corresponden a procesos de socialización del proyecto y no pueden sustituir las vistas públicas como instrumento de gestión socioambiental.
La organización cuestionó que el Estado realice actividades para demostrar fuerza en torno al proyecto, al tiempo que insistió en la necesidad de que cualquier decisión sobre la Autopista del Ámbar esté sustentada en estudios técnicos, científicos y ambientales. El Movimiento Unidos Somos Más también reiteró su llamado al Gobierno y al Congreso Nacional para establecer garantías jurídicas que impidan la explotación minera metálica en la Cordillera Septentrional y reconozcan el valor ecológico de ese sistema montañoso. La organización sostuvo que, aunque el presidente de la República ha expresado verbalmente su compromiso de no permitir la explotación minera en la zona, es necesario que esa posición sea respaldada mediante un instrumento legal aprobado por el Congreso Nacional. El movimiento demandó la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica en la Cordillera Septentrional y establezca medidas para preservar su integridad y estabilidad ambiental. Señaló que estas garantías también deben abarcar cualquier otra actividad que pueda poner en riesgo el sistema montañoso y sus recursos naturales.
