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Falsa alerta de bomba en el AILA: Ministerio Público pide juicio contra acusado

Acusado enfrenta cargos por terrorismo y seguridad aeroportuaria tras alerta falsa

El Ministerio Público solicitó la apertura a juicio contra Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, por una falsa alerta de bomba en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el 6 de enero de 2026, que obligó al retorno de una aeronave y suspendió operaciones.

La solicitud fue depositada ante la oficina coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este. La acusación fue presentada por el fiscal Andrés Mena, adscrito a la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto a las fiscales Felbelys Rosario y Ana Sánchez, de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

Al imputado se le atribuyen infracciones a la Ley núm. 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, y a la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo. El Ministerio Público considera que su conducta comprometió la seguridad operacional del aeropuerto, interrumpió las operaciones aeronáuticas, obligó al desvío de vuelos hacia otras terminales y activó mecanismos extraordinarios de respuesta institucional.

Según la investigación, el 6 de enero de 2026 el acusado realizó una llamada telefónica en la que informó falsamente sobre la presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de la aerolínea Copa Airlines. Las autoridades aeroportuarias activaron los planes de contingencia, ordenaron el retorno de la aeronave y aplicaron protocolos exhaustivos de seguridad. El acusado guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

El Ministerio Público indicó que la acusación se apoya en evidencia testimonial, documental, pericial, material y procesal. Entre las pruebas principales figura el registro de la llamada realizada al centro de atención de Aerdom a través de la plataforma Amazon Connect, cuya grabación fue preservada y transcrita. También se suman certificaciones de compañías telefónicas, informes técnicos de Aerodom, de la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) de la Dirección Nacional de Inteligencia, y documentación del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac). Un análisis forense digital al teléfono móvil ocupado al acusado recuperó registros y metadatos que corroboraron la llamada al número de servicio al cliente del AILA.

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