Señalan a Jennifer González de dirigir el esquema por más de una década con cobros de hasta 40,000 dólares
Seis personas fueron acusadas en Massachusetts de organizar matrimonios fraudulentos para extranjeros. La principal implicada, Jennifer González, de 43 años, habría usado las ganancias para adquirir negocios y propiedades en República Dominicana, según documentos judiciales.
La Fiscalía federal de Boston informó que seis personas fueron acusadas en Massachusetts por presuntamente organizar matrimonios fraudulentos para ayudar a extranjeros a obtener estatus migratorio en Estados Unidos. La principal acusada es Jennifer González, de 43 años y residente en Fall River, a quien las autoridades señalan como responsable de dirigir durante más de 10 años una operación que habría generado cientos de miles de dólares anuales.
Junto a González fueron acusados Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31, residente en Attleboro, y Jaylin Hill, de 26. Los otros cinco residen en Fall River. Los seis enfrentan cargos de conspiración para albergar a extranjeros en situación migratoria irregular, albergar a esas personas, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial. González, Daniels, Alejandro, Pugh y Tavares fueron arrestados este miércoles, mientras que Hill cumple una condena en una prisión estatal por un delito relacionado con armas de fuego.
Según documentos judiciales, González dirigía un negocio en el que extranjeros pagaban para que les organizaran matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses, con el objetivo de presentar documentos fraudulentos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y obtener beneficios migratorios. La acusación sostiene que González pagaba a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill, todos ciudadanos estadounidenses, para que contrajeran uno o varios matrimonios de esa naturaleza. Pugh, también estadounidense, habría trabajado como secretaria del negocio.
La operación presuntamente organizaba entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año y cobraba entre 38,000 y 40,000 dólares por cada uno. Las autoridades alegan que González habría obtenido cientos de miles de dólares anuales durante al menos una década. La mujer supuestamente instruía a sus clientes sobre cómo aparentar que mantenían una relación matrimonial legítima, entre las indicaciones figuraban contratar seguros de vida, abrir cuentas bancarias conjuntas y tomarse fotografías juntos. Además, les habría explicado que necesitaba entre tres y cuatro meses para preparar la documentación requerida y les exigía firmar contratos para pagar por sus servicios. Durante la investigación, González habría dicho que utilizaba las ganancias del esquema para adquirir negocios y propiedades inmobiliarias en República Dominicana, al que se refería como "su país", de acuerdo con los documentos judiciales. Según publicó la agencia AP, González es ciudadana estadounidense.
