El secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP), , solicitó este miércoles a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental ( ) la actuación de y de la en un proceso judicial que afirmó podría comprometer al Estado dominicano al pago de de pesos.
Martínez reaccionó a una publicada este miércoles por , en la que se informó que el Estado deberá pagar esa suma por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos ubicados en la , en el Distrito Nacional.
La de los provocó la de casación con el que la institución intentaba impugnar la condena.
De acuerdo con una nota de prensa, el dirigente opositor consideró que, debido al involucrados, el no debe ser tratado únicamente como un.
En este sentido, solicitó establecer quiénes tenían bajo su el expediente, qué estaban establecidos y por qué transcurrió el sin que se realizaran las actuaciones necesarias para mantener vigente el recurso.
"Estamos hablando de casi que tendrá que pagar el pueblo dominicano.
Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el , existe la obligación de , identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió", planteó Martínez, conforme el documento.
De acuerdo con la de , el había establecido en pesos el monto que debía pagarse a los de los antiguos propietarios de los terrenos.
Sin embargo, esos argumentos no pudieron ser examinados por la debido a la de casación.
Martínez señaló que la entre ambos montos refuerza la necesidad de realizar una , debido a que el Estado habría quedado impedido de discutir judicialmente una superior a 2,500 millones de pesos como consecuencia de la.
La del , dictada el , confirmó la decisión de la que había declarado extinguido el recurso.
Sin embargo, durante tres años no se realizó la requerida para impulsar el expediente, pese a que la contemplaba mecanismos para evitar su.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo planteó que la debe determinar quiénes eran los , y responsables administrativos encargados del seguimiento del proceso durante el período en que se produjo la inactividad.
También pidió establecer si hubo fallas de , u otras conductas que pudieran generar administrativa.
Asimismo, consideró necesario determinar si las de fueron informadas oportunamente sobre la situación del expediente y cuáles existían para proteger los intereses patrimoniales del Estado.
El dirigente opositor sostuvo que la debe ponerse a prueba cuando existen hechos que pueden haber provocado un considerable al.
Martínez exhortó a la a ante la gravedad de las informaciones publicadas y a presentar los resultados de la correspondiente..
