Defensores de DDHH piden a la ONU intervenir ante nueva práctica migratoria en EE.UU.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) eliminó los nombres de más de 16,000 detenidos con órdenes finales de expulsión de su sistema de localización en línea, una medida que afecta a familias y abogados. La práctica, no anunciada, ha llevado a más de 30 grupos a pedir la intervención de la ONU.
El 15 de septiembre, ICE eliminó de su Sistema en Línea de Localización de Detenidos los nombres de personas con órdenes finales de expulsión, en un aparente intento de acelerar las deportaciones. El cambio, que la agencia no anunció ni ha explicado, se aplica a más de 16,000 de los casi 69,000 detenidos bajo su custodia.
La medida ha dificultado que los detenidos impugnen deportaciones inminentes al obstaculizar el acceso a sus abogados, y ha devastado a familias que perdieron el rastro de sus seres queridos, según abogados de inmigración. Una coalición de más de 30 grupos que defienden a personas no ciudadanas presentó una petición ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que declare que la política viola el derecho internacional y impulse su terminación.
“Un sistema sin transparencia es un sistema sin rendición de cuentas, y eso debería aterrarnos a todos”, señaló Sarah Decker, abogada del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy y firmante de la petición. “Hacer desaparecer a personas dentro de una red de centros de detención remotos, ocultar su paradero y cortarles el acceso a ayuda externa es la definición de una desaparición forzada”.
Más de 45 demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por las representantes Luz Rivas y Veronica Escobar, instaron el miércoles al ICE a que vuelva a poner los nombres en el localizador, calificando la práctica como “contraria a los principios fundamentales del sistema legal estadounidense”. La agencia matriz del ICE negó que sus prácticas equivalgan a hacer desaparecer a personas y sostuvo que todos los detenidos “tienen oportunidades de comunicarse con sus familiares y abogados”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que “el proceso adecuado para un extranjero ilegal con órdenes finales de deportación es la expulsión, simple y llanamente”.
