EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – La defensa de Luis David Grassal denunció una presunta agresión física contra el imputado mientras se encontraba recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, conocida como Caplip III.
Según los abogados, Grassal fue llevado este miércoles ante la Segunda Sala Penal con lesiones visibles en diferentes partes del cuerpo, situación que motivó a su defensa a solicitar la suspensión de la audiencia y reclamar garantías para preservar su integridad y dignidad.
El tribunal acogió el pedimento y dispuso que el imputado fuera trasladado de inmediato a un centro médico, bajo la custodia del Ministerio Público, con el propósito de recibir asistencia sanitaria y determinar la gravedad de las lesiones.
El abogado Mayobanex Reyes señaló que, de acuerdo con la denuncia presentada, los responsables de la supuesta golpiza serían agentes que se encontraban de servicio en la denominada “cárcel” del Palacio de Justicia.
Reyes cuestionó que las personas encargadas de la custodia de los detenidos puedan recurrir a la violencia y sostuvo que una acusación penal no constituye una autorización para maltratar a un imputado.
“La violencia no puede formar parte de la justicia. La función de los agentes es garantizar la seguridad y la integridad de los detenidos, no castigarlos”, afirmó el abogado.
Tras conocerse el caso, la directora de la Oficina de la Defensa Pública de Santiago ordenó iniciar una investigación para determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias en las que el imputado resultó lesionado. El expediente también sería remitido a la Comisión de Cárceles.
Como parte de las diligencias solicitadas, la defensa pidió conservar las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, identificar al personal que estaba de turno durante el incidente, practicar una evaluación médico-legal a Grassal y documentar formalmente lo ocurrido.
Los abogados también señalaron que tanto la Constitución dominicana como las normas procesales establecen garantías para las personas privadas de libertad y prohíben cualquier forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
Hasta ahora, las autoridades encargadas de la seguridad de Caplip III no han presentado una versión pública sobre la denuncia ni han informado si se han tomado medidas contra alguno de los agentes señalados.
La situación vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones existentes en las áreas de detención preventiva del Palacio de Justicia de Santiago y el manejo de la fuerza por parte del personal responsable de la custodia.
La defensa sostuvo que el esclarecimiento de los hechos será determinante para establecer si hubo responsabilidad y evitar que posibles abusos contra personas privadas de libertad queden sin consecuencias.
