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Juez bloquea cobro de 100.000 dólares para visa H-1B: ¿qué implica para los dominicanos?

Decisión judicial frena requisito que encarecía contratación de talento extranjero en EE.UU.

Un juez federal de California dejó sin efecto este miércoles el cobro de 100.000 dólares por nuevas peticiones de visa H-1B, al considerar que las agencias migratorias no siguieron los procedimientos legales. La medida, impulsada por el gobierno de Donald Trump en septiembre de 2025, afectaba a empleadores y trabajadores extranjeros especializados.

El juez Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, concedió parcialmente una solicitud de medidas cautelares presentada por varias empresas y organizaciones que cuestionaron la legalidad del cobro. La resolución ordena anular y devolver a las agencias las políticas mediante las que el Departamento de Seguridad Nacional y otras autoridades implementaron el pago, y prohíbe seguir aplicándolas mientras no se complete un proceso de notificación y comentarios públicos conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.

El magistrado concluyó que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que las agencias actuaron de manera "arbitraria y caprichosa" al no estudiar alternativas ni los intereses de las entidades afectadas antes de imponer el nuevo requisito. También determinó que el Gobierno incumplió la obligación de someter estas políticas a un proceso de participación pública, dado que sin esas normas de las agencias el cobro de 100.000 dólares no podía aplicarse.

La proclamación de Trump, firmada el 19 de septiembre de 2025, estableció el pago adicional de 100.000 dólares para las nuevas peticiones H-1B y fue extendida por el mandatario el pasado 18 de septiembre hasta septiembre de 2027. El Gobierno justificó entonces la medida como una respuesta al supuesto "abuso sistémico" del programa de visas para trabajadores extranjeros especializados.

El caso enfrenta así decisiones judiciales contrapuestas: mientras un tribunal federal de Washington confirmó en 2025 la autoridad del presidente para imponer el cobro, tribunales federales de Massachusetts y ahora California han dejado sin efecto las políticas utilizadas para aplicarlo.

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