Nuevo aplazamiento retrasa decisión sobre condenas y absoluciones por corrupción
La apelación del caso de presunta corrupción de los hermanos Medina Sánchez se aplazó este martes por tercera vez consecutiva, debido a cambios de abogados, inasistencias y una licencia médica. La nueva fecha se fijó para el 24 de noviembre.
El caso que encabezan Alexis y Carmen Medina Sánchez es el más avanzado entre los procesos por malversación iniciados desde 2020, siendo el único con sentencia. Sin embargo, la apelación en la corte no arranca: este martes se aplazó por tercera vez consecutiva porque una imputada contrató un nuevo abogado privado para ella y la clínica que representa.
Las causas de los tres aplazamientos han sido inasistencias de abogados, depósito de una licencia médica y la contratación de un nuevo togado. En la segunda audiencia prorrogada no asistió el abogado Nassir Rodríguez, representante de la pareja de esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca. En la primera vista, el acusado José Idelfonso Correa Martínez envió una licencia médica.
En la audiencia de este martes, la imputada Libni Arodi Valenzuela Matos asistió con un abogado privado porque estaba representada por un defensor público que se oponía a defender la clínica que ella representa, en consonancia con la política de la Oficina Nacional de la Defensa Pública que rechaza abogar por empresas. Otra causa fue que los abogados, encabezados por Emery Colomby Rodríguez, del presidente del Fonper, Fernando Manuel Aquilino Rosa, estaba en otra audiencia en La Vega.
La Segunda Sala Penal de la Corte dijo que, con la nueva fecha, los letrados que representan al exfuncionario, otro de los descargados, podrán estar presentes. El nuevo togado que entra al proceso es Juan José Eusebio, a quien se le otorgó 20 días para preparar su defensa de Valenzuela Matos y del Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), S.R.L. Deberá notificar sus escritos al Ministerio Público, la parte querellante y el tribunal, y el órgano acusador tendrá hasta el 22 de noviembre para responder.
Ante los tres días sin avances, la abogada Ingrid Hidalgo solicitó que se separara la acusación de su clienta, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, exdirectora jurídica de la desaparecida Oisoe y otra de los 13 descargados. A la petición se unieron otros colegas, lo que fue rechazado por la directora de la Pepca, Mirna Ortiz.
