Medidas buscan frenar comercio ilícito de armas que afecta la seguridad ciudadana
Jueces del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron garantías económicas de hasta RD$4 millones a propietarios de armerías arrestados en la Operación Armum, que ocupó unas 200 armas de fuego y 40,000 municiones. La acción del Ministerio Público busca desmantelar una red de comercialización ilícita de armas que representa un riesgo para la seguridad en todo el país.
En el Distrito Nacional, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, acogió la calificación jurídica del Ministerio Público y impuso garantías económicas que van desde RD$1 millón hasta RD$4 millones. El monto más alto correspondió a Braulio Veras Rodríguez, con RD$4 millones, seguido de Henry Leónidas Tejeda Peralta con RD$3.5 millones y Alexis Díaz Rodríguez con RD$3 millones. También se fijaron garantías de RD$2 millones a Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena, mientras que Wilmer Brahian Florentino (o Wilmer Brahian Florentino Beltré) y Benito Alfonso Quezada deberán pagar RD$1 millón cada uno.
A todos los imputados se les impuso además impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica ante el Ministerio Público. La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos en el Distrito Nacional, Mao (Espaillat), San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este. En los operativos se ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego largas, pistolas y revólveres, así como unas 40,000 municiones, muchas sin marcaje, y armas de guerra y de uso prohibido, miras telescópicas, miras láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor y armas modificadas.
El caso involucra a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel. Según el Ministerio Público, entre las irregularidades detectadas figuran operar sin licencia, hacerlo con licencias vencidas, realizar trabajos de taller sin autorización, intermediar en la comercialización de armas sin licencia y retener ilícitamente armas de fuego de terceros.
En Santo Domingo Este también fueron impuestas medidas de coerción contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez. Las investigaciones en esa jurisdicción se realizan conjuntamente con la Fiscalía de Santo Domingo Este y también son investigadas las armerías Los Héctor y Joso EIRL. Los imputados podrían enfrentar penas de entre 10 y 20 años de prisión por violaciones a los artículos 66, 68, 70, 71 y 72 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
