Dos bandos citan cifras, estudios y testimonios sobre en , y ninguno logra mover al otro ni un centímetro.
Durante años explicamos ese estancamiento como una confrontación sencilla: , inversión contra , empleo contra.
Pero esa lectura ya no alcanza.
Para explorar esa distancia, utilicé como herramienta de en.
Le pedí identificar cinco cuentas con posiciones favorables a la y cinco cuentas críticas, seleccionadas por su nivel de visibilidad y participación en el debate público dominicano en , y comparar, bajo las mismas preguntas, sus argumentos recurrentes, las fuentes de que consideran confiables, su concepción del desarrollo y la y los puntos en los que eventualmente coinciden.
En una segunda etapa, el ejercicio separó los argumentos de la de quienes los formulaban para observarlos bajo un criterio común.
El ejercicio no pretende representar estadísticamente el debate nacional, sino observar qué ocurre cuando posiciones contrapuestas son sometidas a las mismas preguntas.
El resultado reveló algo más profundo: los hablan , pero no parten de universos incompatibles.
El a la construye su argumento alrededor de : exportaciones, inversión, empleo, ingresos fiscales, potencial geológico, modernización institucional y capacidad técnica.
Su noción de descansa en estándares, regulación, fiscalización, cierre de minas, monitoreo ambiental y mejor tecnología.
Las parten de otro punto de referencia.
Su unidad de medida no es el PIB ni la inversión extranjera, sino el : , agricultura, cuencas, comunidades, y permanencia de los medios de vida locales.
No hay, entonces, solo dos respuestas distintas.
Hay diferentes de , y eso explica buena parte de nuestra incapacidad colectiva para conversar.
La que convence a uno no necesariamente convence al otro El problema se agudiza cuando miramos qué considera cada bando una confiable.
Para el a la pesan los , los , los monitoreos técnicos, las públicas, la academia y los estándares internacionales.
Para sus tienen el , las comunidades, las iglesias, los tribunales, los científicos independientes y la —propia o internacional— sobre impactos ambientales.
De ahí surge una dificultad de fondo.
Cuando una presenta un para demostrar que un riesgo puede manejarse, usa exactamente el tipo de que ella misma considera legítima.
Pero quien ya desconfía de esa puede leer el mismo estudio como una prueba adicional del problema.
Ocurre también al revés: una fotografía, un testimonio comunitario o una protesta pueden tener enorme peso social y político, pero tampoco prueban por sí solos el impacto ambiental específico de un proyecto.
El llega precisamente a esa conclusión: ni las sobre los beneficios de la demuestran la viabilidad de un yacimiento específico, ni una anecdótica local demuestra por sí sola la inviabilidad técnica de una operación determinada.
Esa afirmación exige aplicar el mismo estándar intelectual a ambos lados.
Las que casi nunca reconocemos Cuando se elimina temporalmente la de quien habla, aparecen que normalmente quedan enterradas bajo las posiciones asumidas.
La primera es evidente: el se ha convertido en el principal criterio de de cualquier.
Un sector habla de recirculación, monitoreo y tecnología; el otro responde ".
El vocabulario es opuesto, pero ambos coinciden en que un proyecto incapaz de ofrecer garantías creíbles sobre el recurso hídrico resulta.
También coinciden en que no todo el debe tratarse igual.
Incluso quienes defendemos el aprovechamiento responsable de los recursos naturales debemos reconocer , sociales, económicas e hidrológicas entre : la existencia de un recurso mineral no genera automáticamente el derecho a explotarlo.
Coinciden, además, en la importancia de la.
El sector habla de , beneficios territoriales, transparencia y ; las comunidades hablan de y derecho a participar.
Cambian las palabras, pero el mensaje de fondo es el mismo: un expediente administrativo puede ser jurídicamente indispensable, pero rara vez basta para sostener durante décadas una operación enfrentada con su.
La coincidencia más trascendente es quizá esta: ninguno de los dos considera que el actual resuelve bien estos.
Unos reclaman una nueva , reglas claras y mayor seguridad jurídica; otros exigen exclusiones territoriales, áreas protegidas o decisiones públicas más contundentes.
Desde posiciones opuestas, ambos señalan la misma.
Y las regulatorias tienen un costo: para las comunidades producen ; para la inversión, inseguridad; para el , que terminan resolviéndose políticamente cuando debieron prevenirse institucionalmente.
El verdadero problema es quién merece La dominicana esconde entonces una pregunta más profunda que la tradicional confrontación entre desarrollo y : ¿quién tiene para cuándo un riesgo es aceptable? ¿La que estudió durante años el yacimiento? ¿El responsable de fiscalizarla? ¿La que vive sobre el ? ¿Una universidad? ¿Un laboratorio independiente? ¿Un tribunal? Probablemente la e institucional no pueda reducirse a uno solo de ellos.
Y ahí está, quizás, una de las para reconstruir el debate.
El análisis identifica un compartido: casi nadie define de antemano qué cambiarían su posición.
Se invoca con frecuencia la " ", pero pocas veces se precisa qué , hecha por quién, durante cuánto tiempo y bajo qué debería considerarse suficiente.
Sin esos umbrales verificables, expresiones como " responsable" o " " corren el riesgo de quedar en simples etiquetas enfrentadas.
Una sólida debería sustituir progresivamente esas etiquetas por reglas.
Si determinados del exceden ciertos parámetros verificados independientemente, deben existir previamente conocidas.
Si determinadas áreas poseen una sensibilidad ambiental incompatible con ciertas actividades, esa condición debería establecerse antes de que exista una detrás de un proyecto.
Si una provincia productora debe recibir una proporción determinada de los por sus recursos, el mecanismo debería estar definido institucionalmente y no depender de la buena voluntad corporativa.
Y si un los requisitos técnicos, ambientales, sociales y jurídicos definidos previamente por el , también debe existir respecto de las de ese cumplimiento.
Eso es.
Pasar de al otro a comunes Durante demasiado tiempo hemos planteado el minero como un ejercicio de : el sector intenta de que la puede hacerse responsablemente; los opositores, de que ciertos riesgos hacen inaceptables determinados proyectos.
Pero las no necesitan que todos sus ciudadanos piensen igual.
Necesitan capaces de administrar civilizadamente sus.
El propósito de una buena no es producir unanimidad, sino establecer de antemano qué pueden evaluarse, cuáles deben excluirse, qué riesgos son tolerables, quién los mide, cómo se distribuyen los beneficios, qué ocurre cuando se incumple una obligación y quién decide cuando persiste el desacuerdo.
El propio llega a una conclusión reveladora: el enfrentamiento no se reduce al o a la.
También trata sobre qué entendemos por desarrollo y, sobre todo, quién tiene para determinar, con verificable, qué es seguro, qué genera beneficios y qué supone un riesgo inaceptable.
Esa es, quizás, la conversación que todavía nos falta.
Porque debajo de las posiciones enfrentadas hay principios que casi todos comparten: el debe protegerse; no todo es igualmente apto; la información debe poder verificarse; los beneficios deben alcanzar a las comunidades; el cierre de una mina importa tanto como su apertura; y corresponde al fijar las reglas.
a partir de esas no significa renunciar a defender la ni pedirles a sus que abandonen sus preocupaciones.
Significa algo más exigente:.
