Comunidades del Sur exigen avances en seguridad mientras el Congreso debate en paralelo
Barahona y las provincias del Sur, afectadas por la inseguridad, siguen de cerca el estancamiento de la reforma policial, que ahora se estudia en dos comisiones del Congreso sin coordinación, poniendo en riesgo la modernización de la Policía Nacional.
Por segunda vez consecutiva, el Congreso dominicano estudiará el proyecto de reforma policial, pero esta vez con un obstáculo que podría frenar su avance: la iniciativa será analizada simultáneamente en dos comisiones distintas del Senado y la Cámara de Diputados. Mientras tanto, en el Sur, las comunidades que demandan mayor seguridad ciudadana ven con preocupación cómo el proceso legislativo se enreda en disputas metodológicas.
La falta de coordinación entre ambas cámaras es evidente. La Cámara de Diputados envió el proyecto a su Comisión Permanente de Interior y Policía, mientras que el Senado lo derivó a una comisión especial de carácter excepcional. Esta disparidad expone a la iniciativa a un riesgo real: que ambas cámaras aprueben textos incompatibles, lo que obligaría a un largo proceso de enmiendas y retrasaría aún más la reforma.
Para la región Sur, la reforma policial es clave para fortalecer la seguridad en municipios como Barahona, donde la población ha denunciado aumento de la delincuencia y debilidad institucional. El diputado Carlos Sánchez, presidente de la Comisión de Interior y Policía, defendió que la propuesta de la Cámara de Diputados debe ser prioridad, ya que allí perimió en la legislatura pasada. 'Debería ser, porque nosotros presentamos el mismo proyecto que había hecho el Senado, pero ahora se le van a hacer modificaciones', afirmó.
Por su parte, el senador Franklin Romero, proponente en el Senado, favoreció que la Cámara Alta lidere la discusión, argumentando que durante siete meses escucharon a todos los sectores. Mientras los legisladores se disputan el control del proceso, las comunidades del Sur esperan que la reforma incluya cambios reales en la formación policial, el uso de la fuerza y los controles internos, tal como contempla el proyecto que modifica la Ley 590-16.
La reforma incluye la creación de un Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial y mejoras en derechos y compensaciones para los agentes, aspectos que podrían elevar la calidad del servicio en todo el país. Sin embargo, mientras el Congreso no unifique esfuerzos a través de una comisión bicameral, como permite el reglamento, el Sur seguirá esperando una policía más profesional y cercana a sus comunidades.
