La iniciativa busca impulsar la economía costera, pero genera dudas en el Sur.
El Senado aprobó en primera discusión un proyecto de ley de turismo náutico que exoneraría de impuestos a yates y embarcaciones de lujo por una década. Para Barahona y la región Sur, la medida podría atraer inversión y turismo, aunque persisten interrogantes sobre su impacto ambiental y social.
Por tercera vez, el Senado dio luz verde a un proyecto de ley de turismo náutico de recreo, que en su artículo 50 establece la exoneración de gravámenes arancelarios por 10 años para yates, veleros, motos acuáticas y embarcaciones inflables. La iniciativa, impulsada por los senadores oficialistas Alexis Victoria Yeb y Ginnette Bournigal, lleva cuatro años en el Congreso y aún debe superar la segunda discusión y la Cámara de Diputados.
Para la región Sur, la aprobación de esta ley podría significar un impulso al turismo costero, especialmente en destinos como Barahona, Pedernales y Bahía de las Águilas. El artículo 48 también exime de impuestos a propiedades y terrenos destinados a actividades náuticas, lo que podría incentivar el desarrollo de infraestructura turística en la zona, aunque algunos sectores advierten sobre posibles efectos en el medioambiente y la seguridad ciudadana.
La pieza legislativa, además, agiliza los trámites portuarios: el artículo 16 ordena responder en un máximo de tres horas las solicitudes de recepción y despacho de embarcaciones, y dolariza servicios como matrículas y permisos, con costos de hasta cinco dólares. Esto busca facilitar la operación de embarcaciones en puertos como el de Barahona, pero también impone sanciones severas, como multas de hasta 50 salarios mínimos por abandono de naves y de 100 por vertido de desechos.
Mientras el proyecto sigue su curso legislativo, las comunidades del Sur esperan que esta medida no solo beneficie a los dueños de grandes yates, sino que también genere empleos y protección para los recursos naturales de la región. El Senado deberá aprobarlo en segunda discusión antes de enviarlo a la Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo.
