El debate no es tributario.
La ética no admite descuentos
Es ético.
Nadie ha sostenido que el ajuste fiscal haya reducido la carga impositiva sobre los juegos de azar.
O que la decisión del Congreso de disminuir el alcance de los nuevos gravámenes al sector sea, por sí misma, buena o mala.
Esa es una discusión legítima, susceptible de argumentos económicos, fiscales y sociales.
La objeción es otra y mucho más simple: legisladores con vínculos presentes o pasados con el negocio de las bancas participaron en decisiones que terminaban beneficiando a una actividad de la que obtuvieron o aún obtienen provecho.
Ahí radica el problema.
La democracia no solo exige actuar dentro de la ley, sino también evitar cualquier apariencia de conflicto de interés.
La confianza pública descansa en la certeza de que quienes elaboran las normas lo hacen pensando en el interés general y no en ventajas particulares.
Cuando esa frontera se difumina, se erosiona la credibilidad de las instituciones.
Puede incluso que la modificación aprobada resulte razonable desde el punto de vista técnico.
Pero ninguna de esas consideraciones elimina la pregunta fundamental: ¿debieron participar en esa decisión quienes tenían intereses directos o históricos en el sector? La respuesta parece tan evidente que, como diría el saber popular, la conocen hasta los chinos de Bonao.
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