Decisión del tribunal arbitral protege finanzas públicas y servicios en comunidades del Sur
El tribunal arbitral internacional desestimó el 19 de agosto de 2026 una demanda de más de US$100 millones contra el Estado dominicano, lo que evita un golpe a las finanzas públicas que afectaría inversiones en Barahona y la región Sur.
El laudo, emitido en el marco del acuerdo de protección de inversiones entre Francia y República Dominicana, rechazó las pretensiones del ciudadano francés Yves Martine Garnier. La disputa surgió por la cancelación del contrato de recolección de residuos sólidos que mantenía su empresa EGTT Dominicana con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, desde el 4 de octubre de 2021.
Para los municipios del Sur, esta decisión sienta un precedente importante: los ayuntamientos pueden rescindir contratos cuando las concesionarias incumplen, sin temor a demandas millonarias que comprometan los presupuestos locales. La recogida de basura es un servicio crítico en comunidades como Barahona, donde la gestión de residuos impacta el turismo y la salud ambiental.
El tribunal concluyó que la cancelación se ajustó al ordenamiento jurídico nacional por los incumplimientos de la concesionaria. Esto valida la posición de las autoridades municipales y del Gobierno, que ven fortalecida su capacidad de exigir servicios de calidad a las empresas, un tema sensible en toda la región Sur.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, destacó que el fallo respalda la posición institucional frente a reclamaciones infundadas. La representación legal del Estado estuvo a cargo de Foley Hoag LLP, con el apoyo inicial del MICM y el Ayuntamiento de SDE, y la posterior integración del Ministerio de Justicia, conforme a la Ley 80-25.
