Gobierno defiende gestión policial mientras crecen cuestionamientos por muertes en operativos
La Policía Nacional tiene 43,464 agentes, pero hay 53,877 órdenes de arresto pendientes contra 50,865 personas, según datos oficiales. El Gobierno defiende su estrategia de seguridad mientras organizaciones piden un alto al fuego por las muertes en intervenciones.
La Policía Nacional cuenta con 43,464 miembros, según la nómina al cierre de agosto, mientras que existen 53,877 órdenes de arresto pendientes contra 50,865 personas. Esto significa 7,401 requeridos más que policías y un promedio de 1.24 órdenes por cada agente. La información fue presentada un día después de que una investigación de revelara que solo tres de al menos 182 personas fallecidas en intervenciones policiales este año aparecían en la lista pública de prófugos.
El análisis se basó en 354 registros publicados por la Policía entre 2022 y 2026, contrastados con Patrulla Letal, una base de datos de sobre muertes a manos de fuerzas de seguridad. La Policía sostiene que su plataforma pública solo contiene una fracción de los requeridos. Alejandro Aracena, del área de Prófugos, explicó que cerca del 1 % de los casos llega a esa plataforma bajo la categoría de 'los más buscados'.
Del total de órdenes pendientes, 22,832 corresponden a siete categorías: Robo (11,587), Heridas y agresiones físicas (6,066), Homicidio (2,681), Drogas (1,385), Secuestro (647), Porte ilegal de armas (399) y Trata de personas (67). Estas representan el 42.4 % del total. El presidente Luis Abinader reiteró el llamado a que las personas con múltiples órdenes se entreguen y anunció más agentes, tecnología, equipos y ampliación del patrullaje por cuadrantes. La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que quienes delinquen 'tienen que atenerse a las consecuencias'.
En contraste, el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) pidió a Abinader un 'alto al fuego' ante las muertes en operativos. Cándido Simón, representante del organismo, sostuvo que la Policía puede detener pero no matar, y exigió investigaciones independientes. El abogado Manuel Sierra recordó que la Constitución prohíbe la pena de muerte. Servio Tulio Castaños Guzmán, de Finjus, advirtió que la lucha contra el crimen no justifica ejecuciones extrajudiciales y llamó a respetar el artículo 37 de la Constitución.
