Antes de que concluya la investigación, la suspensión de los cinco agentes que integraban la patrulla de los Linces puede ser una medida administrativa razonable.
Más responsabilidad
Pero sería un grave error que se convirtiera en la única consecuencia para quienes, según las imágenes conocidas y la propia Policía, permanecieron impasibles mientras un joven agonizaba tras recibir un disparo de uno de sus compañeros.
La omisión también mata.
Un policía tiene la obligación jurídica y moral de impedir abusos, asistir a la víctima y preservar la vida.
La indiferencia frente al sufrimiento no puede despacharse como una simple "falta de humanización".
Ese lenguaje burocrático minimiza una conducta que, de confirmarse los hechos, constituye una gravísima violación de los deberes propios de la función policial.
La investigación debe ir más allá del expediente disciplinario.
Corresponde establecer si existió negligencia grave, incumplimiento deliberado del deber de auxilio o incluso algún grado de complicidad con la actuación del agente que disparó.
Permanecer inmóviles mientras un compañero ejecuta una acción manifiestamente ilegal genera responsabilidades que trascienden el ámbito administrativo.
La reforma policial será una promesa vacía mientras persista la cultura del silencio entre uniformados.
El mensaje institucional debe ser inequívoco: quien dispara ilegalmente responderá ante la justicia, pero quien observa, calla y abandona a una víctima tampoco podrá refugiarse detrás del uniforme.
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