Valdez Alcántara pierde privilegio de jurisdicción; audiencia preliminar será en octubre
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara renunció a su cargo tras ser acusado de recibir un presunto soborno de 10 mil dólares de un testigo del caso Senasa. Su abogado, Valentín Medrano, informó que la renuncia provocó que el expediente pase a la jurisdicción ordinaria.
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir la entrega controlada de diez mil dólares de una persona bajo investigación, renunció a su cargo como miembro del Ministerio Público, según informó su abogado Valentín Medrano. La renuncia implica que su representado perdió el privilegio de jurisdicción que le correspondía por razón de su cargo, lo que provocó un cambio en la jurisdicción encargada de conocer el proceso.
Medrano explicó que el expediente, que originalmente era conocido bajo el régimen de jurisdicción privilegiada, descendió a la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Patricia Padilla, quedó apoderado para continuar con el conocimiento de la etapa preparatoria. Ese tribunal también tendrá a su cargo la audiencia preliminar, fijada para el próximo mes de octubre.
La defensa de Valdez Alcántara, integrada además por el abogado Albert Delgado, sostiene que el cambio de jurisdicción constituye una consecuencia directa de su renuncia y que el proceso deberá continuar conforme a las reglas del procedimiento ordinario. Asimismo, mantienen sus cuestionamientos a la forma en que fue realizada la investigación contra el exfiscal, alegando violaciones a disposiciones legales que regulan la actuación del Ministerio Público y al procedimiento aplicable a los funcionarios que gozan de jurisdicción privilegiada.
Valdez Alcántara cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, medida impuesta por la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La magistrada acogió parcialmente la solicitud del Ministerio Público luego de una audiencia que se extendió por más de diez horas. El Ministerio Público lo acusa de haber recibido 10 mil dólares en efectivo del testigo Roberto Canaán, vinculado al expediente sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Según la acusación, el imputado habría utilizado su posición y sus relaciones dentro del sistema de justicia para influir en el curso de las investigaciones.
