La matanza de entre 30 y 40 personas por pandillas en Kenscoff, Puerto Príncipe, evidencia el colapso haitiano y preocupa a las comunidades del Sur, que ven en la violencia vecina un riesgo para la seguridad y la economía local.
La masacre perpetrada por pandillas en la comuna de Kenscoff, donde además incendiaron casas y vehículos, describe la dramática realidad que vive Haití. Para Barahona y la región Sur, esta violencia no es un hecho lejano: la cercanía geográfica y los lazos comerciales hacen que cada crisis haitiana impacte directamente en el turismo, el comercio fronterizo y la estabilidad de las comunidades dominicanas.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, exigió al Gobierno haitiano redoblar esfuerzos para garantizar elecciones, originalmente pautadas para diciembre. Sin embargo, sin una fuerza que combata a las pandillas, crear un clima propicio para los comicios parece una quimera, tal como lo demuestra la secuencia de crímenes que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe.
El ataque coincidió con la llegada del primer grupo de haitianos deportados de Estados Unidos tras la supresión del TPS, lo que agrava la presión migratoria que ya sienten los pueblos del Sur. Ante la matanza, el Gobierno haitiano declaró a todas las fuerzas de seguridad en alerta máxima, pero miles de personas han tenido que abandonar sus hogares sin destino, una crisis humanitaria que trasciende fronteras.
Para los barahoneros, esta situación refuerza la necesidad de vigilancia en la zona fronteriza y de cooperación regional. La violencia en Haití no solo es un problema interno: afecta el comercio, la seguridad y la esperanza de estabilidad en toda la isla, y el Sur dominicano lo sabe de primera mano.
