EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), ingeniero Teodoro Tejada , advirtió que las microempresas del sector construcción enfrentan una situación “alarmante y compleja” debido a las condiciones establecidas en las licitaciones de diversas instituciones del Estado.
Microempresas de construcción enfrentan crisis por trabas en licitaciones públic
El profesional explicó que los llamados “nudos legales”, junto a la aplicación de la Ley número 83-24, han generado mayores dificultades para las pequeñas empresas constructoras, colocándolas entre los sectores con más problemas económicos en la República Dominicana.
Tejada señaló que, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la cantidad de establecimientos cerrados aumentó de 123 a 396 entre 2020 y 2024, lo que representa un crecimiento del 222 %.
El expresidente del CODIA afirmó que la situación continúa empeorando debido a pliegos de condiciones en procesos de licitación pública que calificó de abusivos, excluyentes y perjudiciales para las microempresas del sector.
Recibe en tu correo las noticias más importantes del día Además, denunció que la práctica de inhabilitar oferentes durante estos procesos limita la participación de pequeños negocios que buscan acceder a contratos estatales.
Tejada recordó que la Ley número 83-24 fue aprobada para modificar la Ley número 118-21, con el propósito de solucionar obstáculos legales que impedían avanzar en obras viales, construcción de escuelas y hospitales que permanecían paralizados.
Sin embargo, sostuvo que la legislación aprobada por el Congreso Nacional contiene disposiciones que, a su juicio, vulneran derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana.
“El Congreso Nacional debió dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 6, 7 y 39, entre otros.
Sin embargo, aprobó la Ley núm.
83-24 del 17 de diciembre de 2024”, expresó.
El ingeniero Teodoro Tejada indicó que los artículos 6 y 7 de la Constitución dominicana establecen la supremacía constitucional y el modelo de Estado social y democrático de derecho, principios que considera afectados por la normativa vigente.
Asimismo, insistió en que deben revisarse las condiciones que enfrentan las microempresas constructoras para garantizar una mayor participación en las contrataciones públicas y evitar el cierre de más establecimientos..
