Una normativa para todos los niveles
El Ministerio de Educación publicó este miércoles la Orden Departamental 11-2026, un instrumento legal que fija por primera vez criterios uniformes para el manejo de teléfonos móviles, relojes con conexión digital y demás aparatos electrónicos en los planteles del país, tanto públicos como privados.
La disposición persigue reducir los elementos que interrumpen la enseñanza, fortalecer el clima de convivencia y resguardar la salud emocional de niños y jóvenes.
Vedas por etapas escolares
En el nivel inicial rige una prohibición absoluta. A los infantes de ese ciclo se les limita además el tiempo frente a pantallas a un máximo de veinte minutos cada día. Durante la educación primaria los estudiantes tampoco podrán portar celulares, salvo que los padres presenten una solicitud formal y el centro la apruebe; en ese supuesto, el aparato será custodiado por la escuela hasta el final de la jornada.
Para los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo se contemplan salvedades que les permiten emplear tecnología como recurso de comunicación, accesibilidad o refuerzo pedagógico, así como en casos de urgencia.
Secundaria y uso pedagógico
En el nivel secundario los dispositivos únicamente podrán activarse con propósitos académicos y bajo la vigilancia directa del profesor. La norma faculta a cada institución para decidir si autoriza su empleo en los períodos de descanso y zonas comunes, siempre que el reglamento interno lo contemple.
Adicionalmente, queda prohibido grabar, almacenar o divulgar imágenes, audios o filmaciones de cualquier integrante del plantel sin consentimiento explícito. Tampoco se permite usar redes sociales particulares para difundir material vinculado a la comunidad escolar sin la debida autorización.
Obligaciones del personal
Los docentes y el equipo administrativo deberán actuar como referentes de conducta digital ética. La orden advierte que el uso de aparatos para cometer fraude académico, ciberacoso u otras conductas inapropiadas acarreará sanciones disciplinarias conforme al manual de convivencia y la legislación vigente. Los centros tendrán 90 días para implementar la totalidad de las medidas.
