Expertos advierten sobre posible alza en costos de transporte y productos importados
Una coalición de 27 estados, condados y ciudades de EE. UU., liderada por California, demandó al gobierno de Donald Trump por derogar normas de eficiencia de combustible. La medida reduce el requisito proyectado a 2031 de 50.4 a 34.9 millas por galón, lo que podría aumentar el consumo de gasolina y los precios internacionales del petróleo.
La demanda fue presentada este viernes por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto a veintiséis estados, condados y ciudades. Alegan que la nueva normativa debilita los requisitos de ahorro de combustible para automóviles y camionetas ligeras, y deroga protecciones contra emisiones de gases de efecto invernadero de centrales eléctricas de carbón, petróleo y gas vigentes durante la administración Biden.
El cambio introducido por Trump reduce el requisito de eficiencia de combustible a vehículos proyectado a 2031 de 50.4 millas por galón (4.7 litros a los 100 kilómetros) a 34.9 millas por galón (6.7 litros a los 100 kilómetros). Funcionarios federales defienden la medida como un impulso a la industria automotriz estadounidense y una reducción de costos iniciales para los consumidores, pero los demandantes consideran que viola normativas medioambientales y anula ahorros a largo plazo en combustible.
Este incremento coincide con la escalada de precios de los combustibles en Estados Unidos, disparados a raíz del conflicto con Irán que interrumpió el suministro mundial de petróleo desde febrero. Para los dominicanos, esto podría traducirse en mayores costos de importación de combustibles y productos, afectando el transporte y la canasta familiar.
Entre los firmantes de la demanda se encuentran los estados de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin. Esta es al menos una de las tres impugnaciones legales presentadas esta semana contra las nuevas normas del Departamento de Transporte de EE. UU. y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Dos de estas demandas fueron presentadas por grupos ambientalistas sin fines de lucro.
