Iniciativa presidencial busca garantizar atención especializada y justicia más humana
El presidente de la República anunció la creación de espacios especializados para la atención de personas con trastornos mentales vinculadas a procesos penales, una medida que impactará el sistema de justicia y la protección de los derechos fundamentales en todo el país.
La reciente decisión del presidente de la República de impulsar espacios especializados para la atención de personas con trastornos o condiciones de salud mental vinculadas a procesos penales constituye un paso trascendental para el fortalecimiento del sistema de justicia y la protección de la dignidad humana, según destacó el abogado, criminólogo y estudioso de las ciencias penales, Joaquincito Bocio Familia.
Bocio Familia expresó públicamente su satisfacción y agradecimiento al señor Presidente por escuchar un reclamo que diversos sectores venían formulando desde hace tiempo, especialmente a raíz del lamentable caso de Ana Josefa García Cuello, hecho que conmocionó profundamente a la sociedad dominicana. En aquel momento se advirtió que el sistema penal dominicano necesita respuestas diferenciadas cuando se encuentra frente a personas que evidencian trastornos mentales o alteraciones psicológicas de consideración.
El criminólogo explicó que no todo comportamiento socialmente reprochable puede ser abordado exclusivamente desde la óptica del castigo; existen situaciones en las que el tratamiento médico especializado y la evaluación científica resultan indispensables para garantizar justicia, seguridad y respeto a los derechos fundamentales. La creación de centros especializados para la evaluación, tratamiento y seguimiento de personas procesadas penalmente con evidentes condiciones de salud mental representa una visión moderna, humanista y compatible con los principios constitucionales y convencionales que rigen el Estado Social y Democrático de Derecho.
Estos centros permitirán que jueces, fiscales, defensores públicos y abogados cuenten con herramientas técnicas más confiables para determinar la condición real de los imputados, evitando decisiones basadas únicamente en percepciones o apreciaciones subjetivas. Al mismo tiempo, contribuirán a proteger a la sociedad, ofreciendo respuestas institucionales adecuadas para aquellos casos que requieren intervención médica especializada. La justicia penal del siglo XXI no puede limitarse a sancionar; debe también comprender, evaluar y diferenciar, concluyó Bocio Familia.
