Caso en Monseñor Nouel preocupa a comunidades del Sur por protección de ríos y construcción ilegal
Nelson Batista Ángeles, dueño de una villa intervenida por Medio Ambiente en Juan Adrián, Monseñor Nouel, asegura que la edificación estaba a 27 metros del río Maimón, pero la institución la derribó entera. El caso resalta los riesgos de construir cerca de afluentes, un tema crítico para las provincias del Sur.
El propietario de la villa demolida esta semana en Juan Adrián, Monseñor Nouel, Nelson Batista Ángeles, cuestionó la actuación del Ministerio de Medio Ambiente y afirmó que contaba con permisos para trabajar en el terreno. Según Batista, adquirió la propiedad hace tres años y obtuvo un certificado de la entidad para movimiento de tierra, además de autorizaciones del ayuntamiento local, para levantar la obra.
Medio Ambiente, sin embargo, sostiene que el expediente solo registra un Certificado de Registro de Impacto Mínimo para limpieza y nivelación, que no incluía construir una edificación y obligaba a respetar los 30 metros de protección del río Maimón. Inspecciones posteriores revelaron una estructura de dos niveles, con tres de sus seis vértices dentro de la franja legal, lo que llevó a la demolición.
Batista rechaza esa versión y asegura que, según mediciones del arquitecto, una columna de la terraza estaba a 29 metros y otra a 27 metros del afluente, apenas por debajo del límite. Argumenta que el río se encuentra a un nivel inferior y que la obra no afectaba la ribera, aunque admite haber invertido más de diez millones de pesos en el proyecto, que estaba casi terminado.
El caso evidencia la tensión entre el desarrollo inmobiliario y la protección de los recursos hídricos, un desafío que también enfrentan las provincias del Sur, donde ríos como el Yaque del Sur y el San Juan son vitales para la agricultura y el turismo. Las comunidades sureñas deben vigilar que las construcciones respeten las franjas de seguridad para evitar daños ambientales y conflictos legales.
Batista también denunció falta de un fiscal en el operativo y alegó intereses políticos detrás de la intervención. Medio Ambiente asegura que hubo paralizaciones previas desde agosto de 2025 y nuevas en 2026, y que la construcción continuó. El propietario reconoció haber recibido notificaciones anteriores, aunque cuestionó su contenido.
