En la forma se pierde el fondo, y, en algunas ocasiones –como la recién aprobada modificación de la ley 225-20 de residuos sólidos, por parte del Senado– no solamente se pierde la forma, también el fondo.
Un “Golpe de Bolsón”
“Golpe de Bolsón”, “de Estebanía”, “palo acechao”, “puñalada por la espalda”, etc., da igual la etiqueta si lo que importa es el concepto; porque el sentido de “urgencia” otorgado a un proyecto sobre el que nadie había hablado, sólo evidencia un amarre de último minuto; una intención de volver a cuadrar las cuentas de un negocio (el de la gestión de los residuos) que sólo es rentable si cada vez que se necesitan recursos, se puede echar mano del bolsillo del contribuyente.
Si no, no.
El Senado faltó en la forma, con una declaración de urgencia no comunicada y socializada previamente, pero también faltó al fondo, pues la necesidad de la urgencia no fue sustentada con estudios o proyecciones económicas que justificasen la modificación de la ley; apenas seis meses después de haber sido modificada mediante la ley 98-25, precisamente en lo que respecta a la “contribución” especial obligatoria para la gestión de los residuos.
La ley 98-25 supuso un golpe para todas las empresas, y en especial para las Mipymes, no obstante, pese al amplio rechazo generado, fue promulgada sin haber sido debatida, discutida y justificada apropiadamente.
Las preguntas que no se respondieron en diciembre hay que repetirlas en junio: ¿dónde están los estudios que justifican los nuevos incrementos impositivos?, ¿o fue que en diciembre tampoco se contaban con argumentos técnicos suficientes?, ¿o es que no son necesarios los argumentos si se cuenta con mayoría mecánica?, ¿cuál es la urgencia en modificar específicamente el articulado referente al aumento de impuestos?, ¿no deberíamos analizar la estructura de gestión integral de los residuos sólidos para ver por qué no cuadran sus cuentas?, ¿será que los legisladores, cada vez que las cuentas del negocio no cuadren, se decantarán chulámbricamente por aumentar impuestos al sector productivo nacional? Casi seis años después de la implementación de la ley 25-20, cabe preguntar si antes de hacer una (otra) modificación a la misma, no deberíamos determinar si ha cumplido su objeto social y ha servido al interés general, o si por el contrario, ha sido desvirtuada y sólo ha servido a intereses particulares, en perjuicio de intereses colectivos.
En esta ocasión el Senado no pudo haber elegido un peor timing político.
El 18 de junio el Poder Ejecutivo promulgó la ley 30-26 (Plan Anticrisis), un paquete de medidas compensatorias y de estimulación económica entre las cuales también figuraban incrementos en algunos impuestos a los sectores más productivos del país, las cuales fueron negociadas, comunicadas y socializadas por Hacienda.
Este palo acechao –sin previo aviso– ocurre seis días después.
Toda la armonía y apoyo logrado por el gobierno, el Senado lo acaba de tirar por el piso.
La pregunta es: ¿para beneficiar a quién? Tags relacionados LAS MÁS RECIENTES copa mundial de la fifa Alex Bueno Tendencias Juan Hubieres.
