Artículo 136 de la Ley 74-25 genera preocupación por su impacto en la familia dominicana
La aprobación del nuevo Código Penal dominicano, que incluye en su Artículo 136 la tipificación de la 'actividad sexual no consentida en la relación de pareja' con penas de 10 a 20 años, ha encendido las alarmas en diversos sectores. El análisis advierte que esta norma podría afectar la estabilidad familiar.
La nueva normativa penal de la República Dominicana, específicamente el Artículo 136 de la Ley 74-25, introduce la figura de la 'actividad sexual no consentida en la relación de pareja', sancionada con penas que oscilan entre 10 y 20 años de reclusión. Esta disposición ha generado preocupación en amplios sectores de la sociedad, que la consideran un factor de desintegración del núcleo familiar.
El texto legal, que en apariencia busca proteger jurídicamente a las personas, en la práctica procesal y en la dinámica cotidiana del hogar podría convertirse en un elemento divisor. La Constitución dominicana consagra a la familia como base de la sociedad y obliga al Estado a garantizar su protección integral, por lo que la tipificación de este delito con penas comparables a las del homicidio o crímenes de mayor gravedad resulta sumamente compleja en el ámbito probatorio.
Dentro de la intimidad conyugal, donde las relaciones interpersonales se desarrollan en un espacio estrictamente privado, la aplicación de un tipo penal de esta naturaleza abre la puerta a la subjetividad, a la manipulación procesal y a la instrumentalización de la justicia en momentos de conflicto o ruptura matrimonial. El analista legal Armando Olivero advierte que este tipo de reformas no surge de forma aislada ni responde a una demanda genuina de las familias dominicanas, sino a agendas impulsadas por organismos internacionales que buscan redefinir el matrimonio tradicional e imponer modelos jurídicos ajenos a nuestra idiosincrasia.
La experiencia en otras latitudes, de manera muy marcada en varios países de Europa donde se han adoptado legislaciones similares, evidencia resultados alarmantes: lejos de reducir la violencia o fomentar el respeto mutuo, estas normativas han acelerado la tasa de divorcios, han judicializado la vida privada y han sembrado un clima de desconfianza permanente entre las parejas. Aprobar artículos de esta envergadura jurídica sin un debate nacional profundo ni el debido consenso social pone en riesgo la paz familiar, debilita la institución del matrimonio y fomenta la fractura del tejido social dominicano, según el análisis.
