La extensión del plazo investigativo afecta a comunidades del Sur que dependen de Senasa para atenciones médicas.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó cuatro meses adicionales al Ministerio Público para presentar acusación contra el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y otros imputados, decisión que genera expectativa en Barahona y toda la región Sur por las implicaciones en la gestión de servicios de salud y posibles fraudes que afectan a los usuarios.
El juez Deiby Timoteo Peguero acogió la solicitud de prórroga presentada por los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la PEPCA, Wilson Camacho y Mirna Ortiz, al considerar que se cumplían los requisitos del Código Procesal Penal. La decisión fue tomada tras verificar que la petición fue depositada el 11 de agosto de 2026 a las 10:42 de la mañana, antes del vencimiento del plazo a la medianoche.
Para los residentes de la región Sur, donde el Senasa es un pilar en la cobertura de salud para miles de familias, esta extensión significa que el caso se mantendrá en los tribunales por más tiempo. Aunque la prórroga no afecta directamente los servicios, la incertidumbre sobre la gestión de los fondos del seguro genera preocupación en comunidades que dependen de estas atenciones, especialmente en zonas rurales de Barahona, Bahoruco e Independencia.
El tribunal consideró que el Ministerio Público justificó la necesidad de más tiempo para completar interrogatorios a testigos, obtener informes de la Superintendencia de Bancos y la DGII, y analizar unas 15,000 páginas de documentos ocupados en allanamientos. Estos documentos incluyen información médica y financiera que podría revelar irregularidades en la administración de los recursos destinados a la salud de los dominicanos, incluidos los del Sur.
Además, se informó que la Contraloría de la Procuraduría realiza un informe que requerirá unos 80 días laborables, y que hay equipos electrónicos pendientes de extracción de datos. Para los abogados y líderes comunitarios de la región, esta prórroga es vista como una oportunidad para que se esclarezcan los hechos, pero también como un retraso en la rendición de cuentas que la población del Sur exige.
El caso fue judicializado el 11 de diciembre de 2025 y declarado complejo, lo que duplicó los plazos ordinarios de investigación. Mientras tanto, los tres imputados permanecerán en prisión, una medida que algunos sectores del Sur consideran necesaria para garantizar que no se obstaculice la investigación, aunque otros piden que se respete el principio de presunción de inocencia.
