La negativa frena juicio contra Hugo Beras; Sur espera justicia por fondos de semáforos
La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) anunció que no asignará abogados a empresas privadas como Inprosol SRL, acusada en el caso Intrant, lo que provocó un nuevo aplazamiento del juicio que afecta directamente a la región Sur, cuyas comunidades esperan respuestas por el presunto desvío de fondos destinados a la red semafórica.
La decisión de la ONDP, comunicada por su director Rodolfo Valentín, se produce un día después de que el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reiterara el requerimiento de designar un defensor para Inprosol SRL, empresa vinculada al caso del Intrant. La falta de representación legal fue una de las causas del aplazamiento del juicio de fondo contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y otros nueve acusados de presunta estafa al Estado y sabotaje a la red semafórica.
Para la región Sur, este caso tiene un impacto directo: los semáforos intervenidos forman parte de un sistema que afecta la seguridad vial en ciudades como Barahona y otras localidades del Sur. El retraso en el juicio significa que las comunidades sureñas siguen sin respuestas sobre el uso de los fondos públicos que debían garantizar un tránsito seguro, especialmente en zonas turísticas y de alto flujo vesicular.
Valentín argumentó que la Constitución y la Ley de la Defensa Pública establecen que la asistencia legal gratuita es para personas físicas, no jurídicas. "Algunos tribunales del Distrito Nacional se han empecinado en requerir defensores públicos para defender empresas, sin advertir que están cayendo en trampas estratégicas interpartes", declaró. Esta postura, aunque de alcance nacional, tiene eco en el Sur, donde la ciudadanía sigue de cerca los procesos que involucran recursos estatales.
Mientras tanto, las juezas del tribunal advirtieron que el Ministerio Público podría someter por desacato si no se cumple el requerimiento. La ONDP asegura que ya hay recursos de revisión ante el Tribunal Constitucional sobre este tipo de decisiones. Para los habitantes del Sur, la espera se hace larga, pues la resolución de este caso podría sentar precedentes sobre cómo se manejan los fondos destinados a infraestructura que también beneficia a la región.
