Entretenidos en el profundo dilema ideológico, de si las 3 causales o no, centro de la discusión que mantuvo estancado por años la aprobación del nuevo Código Penal, no nos percatamos oportunamente, de los elementos que contaminan, una legislación llamada a modernizar los instrumentos judiciales del país.
El Código Penal, contaminado
Ahora, a un mes de su entrada en vigencia, entramos en pánico, ante una serie de disposiciones que contienen, “ambigüedades”, al decir de Finjus, pero sobre todo ante las que representan una clara amenaza a la libertad de expresión.
Es como si nos hubiéramos dormido en la discusión sobre las causales y, de pronto, ante la inminencia de la entrada en vigencia de la ley 74-25, despertamos sobresaltados por algunas de sus implicaciones.
Importantes juristas como el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, el expresidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, valoran los avances de la nueva legislación, la definición de tipos penales en consonancia con la época en que vivimos, el endurecimiento de las penas y su condición de instrumento apropiado para combatir la delincuencia.
De ahí que no favorezcan la propuesta de Finjus de proponer una ley, para postergar la entrada en vigencia del código, “Vacatio legis”, del Código Penal que ha estado bailando en nuestras cámaras legislativas, por algo más de 20 años.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, ha dicho que una comisión de juristas estudia la pieza para someter un proyecto de modificación de la misma, ante los cuestionamientos de diferentes sectores.
El abogado Amadeo Peralta ha utilizado sus redes sociales y su participación en diferentes foros, para dar a conocer muchos de los aspectos novedosos del Código.
Los positivos y los preocupantes.
La mayor preocupación es el retroceso que implica en materia de protección a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico.
Es verdad que se ha puesto en boga un ejercicio de la comunicación, principalmente en las redes sociales, irresponsable, que hace de la denuncia sin fundamentos y de la descalificación moral una práctica cotidiana, acompañada, no pocas veces, de extorsión.
Esto no debe servir sin embargo, de pretexto para la puesta en vigencia de disposiciones que promuevan la autocensura, con un enfoque esencialmente punitivo hacia los delitos de opinión pública, la difamación y la injuria.
Como exponían en el panel, “Libertad de Prensa y Expresión en el Nuevo Código Penal Dominicano”, Trajano Viral Potentini, Julio César de la Rosa y Amadeo Peralta, la nueva ley contempla, el cierre de programas y medios, la incautación o decomiso de herramientas e instrumentos de comunicación y la prohibición del ejercicio de manera permanente.
Ni que decir, de lo que ellos llamaron, “cosas locas”, del Código Penal, como la denominada “difamación extorsiva”, con penas de 5 a 10 años, que pueden llegar a 60 años, con el cúmulo de penas, o la posibilidad de que, por aplicar un sobrenombre a un político o funcionario, alguien pueda ser condenado a un año de prisión.
En suma que, el “moderno” Código Penal, está contaminado, con disposiciones arcaicas que ponen en riesgo los logros democráticos del último medio siglo.
No creo que la “Vacatio legis” sea la mejor solución.
Lo ideal es que el resultado de la revisión de que habla el ministro de Justicia sea sometido con brevedad a la sociedad para generar el consenso debido, y que luego las cámaras legislativas le asignen un nivel de prioridad parecido al de la ley anticrisis, para que no nos pasemos otros 20 años discutiendo las enmiendas de un Código Penal, evidentemente contaminado.
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