Análisis de Narciso Isa Conde sobre cómo el oficialismo busca blindaje judicial
Narciso Isa Conde advierte que el gobierno de Luis Abinader y los detentadores del Estado buscan garantías de impunidad a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La correlación de fuerzas en ese órgano favorece al Ejecutivo, aunque con negociaciones, según el análisis.
El análisis de Narciso Isa Conde, difundido este 06.09.2026, sostiene que el presidente Luis Abinader, su gobierno y los detentadores del Estado y el poder establecido necesitan garantías de impunidad y las buscan desde el Consejo de la Magistratura hacia la Suprema Corte de Justicia. Según el texto, el régimen actual y la cúpula del gobierno y del PRM tienen pendientes varios casos de narcopolítica, otros de megacorrupción empresarial de sus aliados pertenecientes a la clase dominante-gobernantes, el caso de la planta flotante de Pueblo Viejo y la gran estafa a SENASA.
Isa Conde explica que la correlación de fuerzas en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) responde a una estructura constitucional supuestamente diseñada para reflejar el equilibrio de los poderes públicos; pero que, en la práctica política, favorece la posición de quien detente el Poder Ejecutivo y cuente con la mayoría de la bancada congresual. Esa es ahora la situación de Abinader-PRM y sus socios de las elites capitalistas, según el autor.
Para calibrar cómo se traduce esa correlación en términos de influencia o control sobre la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el análisis desglosa los componentes claves: el CNM está integrado por ocho miembros. En él convergen el Presidente de la República, los presidentes de ambas cámaras legislativas (Senado y Cámara de Diputados), un senador que represente a la segunda mayoría u oposición, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez de la propia SCJ (que funge como secretario), el Procurador/a General y, habitualmente, figuras institucionales adicionales como el presidente del Tribunal Constitucional. Las decisiones cruciales del CNM —tanto para la evaluación de desempeño de los jueces actuales, como para la elección de nuevas vacantes— exigen votaciones calificadas (generalmente un mínimo de cinco de los ocho votos).
Esto significa que, incluso en escenarios donde el partido de gobierno posea una amplia mayoría legislativa y controle los puestos clave del Ejecutivo y los bufetes directivos del Congreso, no necesariamente por sí solo puede imponer sin negociar o sin integrar a representantes de otras ópticas institucionales o de la oposición presentes en ese órgano. En definitiva, más que un control presidencial absoluto y unilateral, la correlación de fuerzas en el CNM opera como un espacio de negociación forzosa, donde el peso del Ejecutivo y su representación parlamentaria dominan la iniciativa política, pero se ven condicionados por la lista de la mayoría calificada, por la presencia de la oposición institucional y los contrapesos internos. Por eso, están ahora negociando. El oficialismo actual quiere cubrirse las espaldas y reciclar con seguridad las garantías de impunidad presidencial ya pactada a raíz de alternancias pasadas que no cambiaron sustancialmente nada, según Isa Conde, quien menciona que Balaguer, Leonel, Danilo e Hipólito quedaron impunes, y sus grandes socios por igual; y Luis Abinader busca lo mismo para él y los suyos.
