Un análisis minucioso de las políticas de protección social implementadas en nuestro País en los últimos años nos lleva a concluir que aún existen problemas importantes que resolver, como son los problemas de exclusión, discriminación, inequidad, desigualdad, vulnerabilidad social y clientelismo político, muchas veces provocados por el enfoque asumido en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de estas políticas.
Las causas de estos problemas las encontramos, por un lado, en el comportamiento histórico de unas políticas públicas, en materia de protección social, basadas en el clientelismo con la finalidad de obtener capital político; y por otro, la no continuidad de Estado en la ejecución de políticas exitosas de combate de la pobreza y la desigualdad, puestas en marcha por gobiernos anteriores al de turno. Como consecuencia de estos, se origina un bajo impacto de estas políticas en el combate real de la pobreza, y se incrementan los niveles de exclusión e inequidad social.
Para abordar con éxito la solución a estos problemas, es necesario entender la Protección Social como un Derecho.
“La mayoría de las constituciones de los países de América Latina incorporan una amplia gama de derechos humanos o fundamentales, que incluye no solo derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales (DESC)”. M. Sepúlveda-CEPAL 2014.
La Constitución de la República Dominicana en su Artículo 8, establece que es función esencial del Estado “la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”. De igual modo, en el conjunto artículos del del Título II de la misma se destacan los Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales; estableciéndose los Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos y Sociales, Derechos Culturales y Deportivos, y los Derechos Colectivos y Del Medio Ambiente.
Taxativamente, en el Artículo 68, de nuestra Constitución “garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley”.
Por otro lado, la República Dominicana es signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), de las Naciones Unidas, asumiendo obligaciones jurídicas respecto a los Derechos Humanos.
Este marco regulatorio, sobre todo lo dispuesto por el Artículo 68 de la Constitución, establece como una obligación legal de las autoridades públicas del País, presentes y futuras, la aplicación en todo el ciclo de las políticas públicas de Protección Social (Diseño, Formulación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación), del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH). Poniendo en práctica el EBDH, se avanzará en la creación de un sistema de protección social universal y solidario, que garantice a todos los dominicanos y dominicanas el acceso a los bienes y servicios públicos, incluidos servicios básicos de salud, nutrición adecuada, educación, vivienda, agua y saneamiento; es decir, avanzar hacia la universalización de la protección social, basada en la solidaridad social.
Por Fernando Reyes Castro
El autor es economista, y especialista en alta dirección pública y protección social
