Países europeos aplican medidas dispares que podrían inspirar políticas locales de vivienda
Mientras España enfrenta una crisis de vivienda, varios países europeos implementan controles de alquiler, frenos a desahucios y programas de vivienda asequible. Estas experiencias ofrecen un panorama de opciones para abordar el acceso a la vivienda.
La crisis de vivienda en España no es un caso aislado en Europa. El encarecimiento de los precios, la escasez de oferta y los desahucios afectan a varios países, que responden con políticas que van desde el liberalismo hasta el intervencionismo. Alemania, por ejemplo, aprobó en 2015 el 'freno al precio del alquiler', que permite a los estados federados limitar los nuevos contratos a un máximo del 10% por encima del alquiler medio en zonas pensionadas. Berlín, Hamburgo o Colonia aplican controles sobre viviendas turísticas y exigen sistemas de identificación, mientras que en Múnich las autoridades pueden usar datos de electricidad y agua para detectar viviendas vacías.
En Francia, grandes ciudades como París o Lyon fijan un alquiler máximo por metro cuadrado. Austria impulsó en enero un 'freno a los alquileres' que limita el aumento al 1% en 2026 y al 2% en 2027 para pisos construidos antes de 1945, y para los de mercado libre el alquiler solo puede subir una vez al año. En Polonia, el precio lo fija el mercado, pero el propietario debe notificar la subida con tres meses de antelación, y en los alquileres indefinidos solo puede finalizarlos por causas concretas, similar a Rumanía, que no tiene regulación ni topes excepto en vivienda social.
Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni, lanzó el programa 'Piano Casa Italia' para recalificar en la próxima década unos 60,000 inmuebles públicos o concertados y ofrecerlos a precios asequibles. En materia de desahucios, Francia cuenta con la 'tregua invernal' que impide expulsiones entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, medida que comparten Polonia y las regiones de Bruselas y Valonia, en Bélgica. Portugal, con el Gobierno de Luis Montenegro, propuso reformar el mercado del alquiler para acelerar los desahucios, permitiendo desahuciar con dos meses de rentas impagadas en lugar de tres, sin provocar reacción social por el momento, a diferencia de España, donde hubo protestas masivas contra los desahucios y los fondos buitre.
En Finlandia, aunque no hay legislación específica antidesahucios, los inquilinos de bajos ingresos reciben un subsidio para pagar el alquiler y pueden solicitar de manera urgente el subsidio de asistencia social básica de forma retroactiva para saldar la deuda y frenar el proceso judicial. Grecia, por su parte, no solo no cuenta con ley antidesahucios, sino que [el texto original se corta aquí].
