Conozca las medidas y cifras oficiales sobre trata de personas en República Dominicana
El Gobierno dominicano detalló este jueves las acciones implementadas para combatir la trata de personas, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicara su informe anual, que mantiene al país en Nivel 2. El documento reconoce esfuerzos significativos, pero señala que aún no se cumplen plenamente los estándares mínimos.
Entre los avances resaltados, el Gobierno destacó la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que elimina el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en casos de trata que involucran a menores de edad, especialmente por explotación sexual. También se aprobó y asignó recursos del presupuesto nacional para el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, y se estableció la Resolución 13-2024 para entregar tarjetas de identificación a personas apátridas.
En materia de persecución penal, durante 2024 se abrieron 229 investigaciones por trata de personas, se procesó a 50 sospechosos bajo la legislación especial y se investigó a ocho funcionarios por presunta complicidad, de los cuales tres fueron sometidos a procesos judiciales, incluidos miembros de organismos de seguridad. Además, se suspendieron las actividades de 11 empresas privadas tras detectarse indicios de trabajo forzoso.
El Gobierno también informó que mediante un programa piloto de registro migratorio se formalizaron más de 7,400 trabajadores a través de contratos laborales, con el objetivo de reducir su vulnerabilidad frente a la explotación. En cuanto a la asistencia, se identificaron 136 víctimas de trata, de las cuales 134 recibieron atención financiada por el Estado, incluyendo servicios médicos, psicológicos, asesoría legal y traducción.
El informe del Departamento de Estado, aunque reconoce un aumento general en los esfuerzos, advierte deficiencias en la persecución de la trata, particularmente en casos de explotación laboral. El Gobierno sostuvo que las acciones buscan fortalecer la respuesta institucional y proteger a las víctimas.
