
La pieza que tipifica la violencia vicaria y el vicariato pasará a estudio conjunto de senadores y diputados
La Cámara de Diputados aprobó este martes que el proyecto de Ley Mirabal sea analizado por una comisión especial conjunta de senadores y diputados, con el fin de agilizar su aprobación. La iniciativa, promovida por el Ministerio de la Mujer, introduce por primera vez en el país los delitos de violencia vicaria y vicariato.
El proyecto de ley orgánica de respuesta integral a las violencias contra las mujeres, conocido como Ley Mirabal, será estudiado en una comisión especial bicameral integrada por senadores y diputados. La decisión fue votada a favor este martes por los diputados, lo que permitirá que la iniciativa tenga un único informe y no encuentre trabas al pasar de una cámara a la otra, como sucede con la mayoría de los proyectos de ley.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que los miembros de la comisión serán anunciados en la próxima sesión del órgano legislativo. La comisión tendrá a su cargo el análisis del proyecto que busca una respuesta integral a las violencias contra las mujeres.
La propuesta, promovida desde el Ministerio de la Mujer, establece la creación de la figura penal del vicariato, con una pena de hasta 40 años de prisión cuando el asesinato de un niño, niña o adolescente se ejecute con la finalidad de causar sufrimiento o castigar a la madre. Además, introduce por primera vez en el sistema dominicano los delitos de violencia vicaria y vicariato, definidos como actos ilícitos en los que un agresor maltrata a allegados o hijos de la víctima para causar su sufrimiento.
El proyecto también sanciona con penas de 5 a 10 años de prisión a quien lesione, amenace o prive de libertad a hijos o personas vinculadas a una mujer para castigarla. Asimismo, propone castigar la convivencia con menores de edad bajo la excusa de estar en una relación de pareja y tipifica las intervenciones quirúrgicas, procedimientos ginecológicos o métodos anticonceptivos impuestos sin el consentimiento de la paciente. Al depositar la iniciativa, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, pidió a los legisladores priorizarla para que sea aprobada en la actual legislatura, que concluye en enero del 2027, y sostuvo que el proyecto busca evitar que las mujeres tengan que acudir repetidamente a distintas instituciones sin encontrar una respuesta coordinada.



