Operación XL526: qué deben saber los dominicanos sobre la solicitud de coerción
El Ministerio Público solicitó este jueves un año de prisión preventiva contra diez personas arrestadas en la operación XL526, desplegada contra una presunta red criminal que estafaba, extorsionaba y chantajeaba a ciudadanos residentes en Estados Unidos desde territorio dominicano. La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, que también pidieron declarar el caso de tramitación compleja.
La instancia fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, Joanna García Rivas y Lía Collado. El tribunal fijará en los próximos días la audiencia para conocer la medida de coerción.
Entre los señalados como presuntos cabecillas figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte. También fueron incluidos en la solicitud Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
De acuerdo con el expediente, la organización operaba principalmente desde el municipio de Jacagua, en Santiago, y utilizaba herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios y luego someterlas a extorsión y chantaje. Los integrantes se hacían pasar por miembros de grupos criminales internacionales, incluido el denominado Cartel de Sinaloa, para intimidar a las víctimas con amenazas y el envío de imágenes violentas con el objetivo de exigir pagos.
Las autoridades han identificado al menos 18 víctimas hasta el momento y sostienen que los fondos ilícitos eran canalizados a través de criptomonedas, transferencias electrónicas, depósitos y otros mecanismos para ocultar su origen. La operación XL526 incluyó 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, encabezados por 35 fiscales y apoyados por agencias nacionales e internacionales. El Ministerio Público atribuye a los imputados delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.
