No es un grito reciente.
“Nos tienen mareados”
Lleva años repitiéndose en cada rincón del Gran Santo Domingo , en cada encuentro comunitario, en cada reunión de junta de vecinos.
Pero este domingo, en Los Alcarrizos, el clamor retumbó con una crudeza que debería avergonzar a las autoridades.
“Nos tienen mareados”, dijeron los líderes barriales que comparecieron al primer “ Diálogo por la Convivencia Barrial” convocado por Listín Diario.
Y no exageran.
Tres años esperando la terminación de una escuela.
Treinta años luchando por una circunvalación.
Siete escuelas prometidas que hoy son cascarones inertes.
Una capilla que debió estar lista en menos de un año y ya acumula tres sin concluir.
Un parque ecológico abandonado desde 2020, pese a la promesa oficial.
Siete negocios de ruido rodeando una vivienda, sin que la Policía ofrezca soluciones definitivas.
Facturas de luz que saltan de 1,300 a 5,000 pesos sin explicación, y un peregrinaje interminable de institución en institución que solo sabe remitir al ciudadano a otra ventanilla.
Este no es un catálogo de molestias menores.
Es el retrato de un Estado que promete pero no cumple, y aunque promueve mesas de seguridad, no responde o exige documentos y más documentos para al final no tomar en cuenta ni siquiera esos papeles.
Los ayuntamientos culpan a las empresas distribuidoras.
Estas remiten a la Superintendencia.
La Superintendencia al Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo a Pro Consumidor.
Y el ciudadano, agotado, se queda sin agua, sin luz, sin escuela, sin silencio para dormir.
Hay algo peor que la falta de recursos: la falta de respuestas.
La ciudadanía entiende que el presupuesto tiene límites, pero no comprende —ni debe comprender— que una gestión hecha hace tres años siga sin respuesta.
No tolera que un líder comunitario con seis infartos y ocho derrames cerebrales tenga que seguir peleando contra el ruido de un colmadón porque nadie hace cumplir la ley.
Las vías ordinarias y pacíficas de reclamación están perdiendo sentido.
Y cuando eso ocurre, el caldo de cultivo para protestas, huelgas y métodos de presión está servido.
Urge un mecanismo expedito.
Un sistema que no se limite a escuchar, sino que responda con plazos claros y cumplibles.
Un método que asigne responsabilidades concretas y las exija.
Que le diga al barrio: “su solicitud está en proceso”, o “no es viable por esto”, pero que no lo deje en el limbo de las promesas vacías.
Los barrios no quieren más mareos.
Quieren hechos.
Y los quieren ya.
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