El pasivo previsional era 55.1% del PIB en 2000; la capitalización individual trajo ahorro interno
En el año 2000, el sistema de pensiones dominicano tenía un pasivo equivalente al 55.1% del PIB, originado en obligaciones no financiadas del IDSS, el fondo de militares y policías, y el de empleados públicos. Sin la reforma de 2001, el contribuyente habría tenido que asumir esa deuda, lo que hoy significaría un problema mayor de deuda pública.
En el 2000, el sistema de pensiones de la República Dominicana tenía un pasivo equivalente al 55.1% del producto interno bruto (PIB). Ese pasivo se originaba en las obligaciones no financiadas correspondientes a los tres principales componentes que conformaban el sistema. En ese momento, el Estado dominicano administraba el sistema de pensiones y era su último responsable financiero. De haber continuado aquel esquema, compuesto por el Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS), el fondo de los militares y policías, y el fondo de los empleados públicos, en algún momento el contribuyente se habría tenido que hacer cargo de esa deuda. Sin la reforma a la seguridad social del 2001, hoy tendríamos un problema mayor de deuda pública.
Luego de un proceso de propuestas, comisiones, vistas públicas y consensos, fue promulgada la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Dicha legislación creó un esquema de pensiones de capitalización individual para que los recursos de los trabajadores fueran administrados e invertidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades reguladas por el Estado. Se realizó una reforma para solucionar la insostenibilidad del sistema de reparto.
Este modelo fracasa porque el número de cotizantes tiende a disminuir frente al de pensionados, obligando a pagar pensiones fijas con ingresos variables. Las personas cada vez viven más tiempo y el crecimiento de la población es cada vez menor. Los fondos de reparto tienen que ser cubiertos con financiamiento público: vía impuestos, deuda y, en última instancia, con inflación monetaria.
Otra cara de los fondos de reparto son las medidas que toman los gobiernos para reducir y diferir los gastos en pensiones. Entre las disposiciones adoptadas por países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se encuentra aumentar la edad de retiro, y reducir las pensiones otorgadas -o no indexarlas. Esa reducción equivale a disminuir la tasa de reemplazo. Otra de las medidas consiste en gravar con impuestos las mismas pensiones. El conjunto de acciones es más amplio y tiene el propósito de reducir el costo fiscal de los sistemas de reparto. Las diversas medidas de los gobiernos evidencian que los sistemas de pensiones de reparto plantean riesgos e incertidumbre para los trabajadores. La otra tendencia de muchos países de la misma OCDE consiste en la adopción de una estrategia de cuentas de capitalización individual. La República Dominicana probó el sistema que no funciona e hizo su reforma. La realidad está obligando a otros países a transicionar hacia un esquema de ahorro individual, en el que los trabajadores pueden tener cuentas propias, sin el riesgo del reparto. Noruega, Grecia, Países Bajos, Dinamarca, Canadá, China, entre muchos otros países, tienen algún esquema de capitalización individual de adopción más o menos reciente. Desde hace más de 20 años la economía dominicana cuenta con una fuente adicional de ahorro. Ese ahorro se traduce en mayor empleo, productividad y crecimiento económico. La misma Ley 87-01 previó que esa iba a ser uno de los beneficios del sistema de pensiones. Para provecho de la misma productividad de los trabajadores. Desafortunadamente, ha sido muy tentador para políticos y funcionarios aprovechar parte de los ahorros para financiar los déficits del Estado, tal y como
