Extracción indiscriminada de arena, una amenaza de décadas
Durante años, el río Nizao ha sido víctima de una explotación descontrolada de materiales de construcción directamente desde su cauce, sin que las autoridades impusieran sanciones efectivas a los responsables. La depredación sistemática ha alterado gravemente el ecosistema de este acuífero, pieza clave para el abastecimiento de agua potable en múltiples provincias del sur del país.
Ambientalistas de la región denuncian que, pese a décadas de resoluciones y planes de protección, los extractores ilegales continúan operando con total impunidad, deforestando las cuencas y modificando peligrosamente el curso natural del río.
Resolución legislativa y coincidencia ministerial
Impulsada por el diputado banilejo Luis Báez, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura la Resolución núm. 00305-04, que solicita al presidente Luis Abinader instruir al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Defensa para declarar el estado de emergencia en el Nizao. La pieza legislativa, originalmente sometida en marzo de 2025, recibió luz verde el pasado 19 de mayo.
La iniciativa coincide con la Resolución 0017-2026 del Ministerio de Medio Ambiente, que ya dispuso una intervención integral urgente en el tramo comprendido entre el muro del contraembalse de Las Barías y la desembocadura en el mar Caribe. Sin embargo, legisladores y activistas advierten que sin voluntad de ejecución, estas medidas corren el riesgo de quedar en letra muerta.
Importancia estratégica del acuífero
El río Nizao cumple una función estratégica insustituible para el desarrollo nacional. De sus aguas dependen tres acueductos que suministran el servicio a millones de dominicanos desde San José de Ocoa hasta San Cristóbal, Peravia y el Gran Santo Domingo. Además, alimenta las centrales hidroeléctricas Jigüey y Aguacate, esenciales para la matriz energética del país.
La convergencia entre el Poder Legislativo y el Ministerio de Medio Ambiente abre una ventana de oportunidad para detener el daño ecológico, pero los residentes de la cuenca exigen acciones concretas, no más anuncios. La protección de este recurso hídrico vital depende de la capacidad del Estado para pasar del papel a los hechos.
